Colombia se prepara para reformar la Ley 30, y así cumplir con el compromiso con la educación superior pública
El representante, Jaime Raúl Salamanca, asumió la coordinación ponencia de la Reforma a la Ley 30, orientada a fortalecer el financiamiento y la sostenibilidad de la educación superior pública en Colombia.
La ley a la que se suele referir en Colombia es la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la educación superior, estableciendo los principios, objetivos, tipos de instituciones (técnicas profesionales, instituciones universitarias y universidades), y la autonomía de las universidades. Los fundamentos de la ley están en sus primeros artículos:
ARTÍCULO 1o. La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.
ARTÍCULO 2o. La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.
ARTÍCULO 3o. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.
ARTÍCULO 4o. La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra.
ARTÍCULO 5o. La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso.
Así, Colombia da un paso decisivo para saldar una deuda histórica con la educación pública. Luego de más de 30 años de espera, avanzamos hacia un nuevo modelo de financiamiento que garantice una educación superior pública digna, sostenible y transformadora.
“Con profundo compromiso, asumo la responsabilidad de ser designado como coordinador ponente del proyecto de ley, que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992”, destacó el representante, Jaime Raúl Salamanca.
“Este proyecto no es técnico ni frío. Es profundamente humano. Reconoce que la educación no puede seguir dependiendo de ajustes atados a la inflación, y propone un modelo que crezca cada año según los verdaderos costos de la educación, con medidas contracíclicas que protejan su sostenibilidad”, resaltó, Salamanca.
Por primera vez se incluye a las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas (ITTU), muchas de las cuales han sido históricamente excluidas del Presupuesto General de la Nación.
“Llevo más de dos décadas luchando por una educación digna. Primero desde el movimiento estudiantil, hoy desde el Congreso de la República. Esta ha sido una de nuestras grandes banderas, porque estoy convencido de que la educación es el camino para cambiar a Colombia.
Hoy, más que nunca, la educación debe estar en el centro de la conversación nacional. No como un gasto, sino como la inversión más poderosa que se puede hacer. Por eso, como coordinador ponente, defenderemos este proyecto en su paso por la Cámara de Representantes”, aseguró el congresista del partido Verde.
