Otro de los acuerdos de este Consejo de Ministros es la aprobación de un anteproyecto de ley por el que se revisan las tasas judiciales vigentes desde 2002 y reguladas por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En la Ley de reforma de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto nacional de toxicología y Ciencias Forenses también se introducen dos mejoras en la gestión: procuradores y abogados podrán facilitar el pago y se establecerá la posibilidad de revisar la liquidación de la tasa durante la tramitación del procedimiento judicial.
El objetivo de esta iniciativa es evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados. Las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a parar a las arcas del Estado sino que, tal y como ya avanzó el ministro de Justicia, estarán destinadas a sufragar la justicia gratuita. Según una estimación realizada a partir de los últimos datos registrados, 172 millones de euros recaudados en 2010, con el nuevo sistema la cuantía ascendería a cerca de 300 millones.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió en rueda de prensa que esta iniciativa garantiza la tutela judicial efectiva y la «equidad». Tiene como objetivo, ha dicho, ajustar las tasas que pagan los litigantes a los costes originados en el servicio. La vicepresidenta subrayó que estas tasas judiciales no afectan al ámbito jurisdiccional de lo Penal y ponen el acento en evitar el «exceso y el abuso» de los recursos. El ciudadano que no acepte una primera sentencia, deberá contribuir al coste de «los servicios públicos que el sistema genera» en sus recursos. El Ejecutivo remitirá el texto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo de Estado, como trámites preceptivos obligatorios.
Las tasas ya existentes desde primera instancia en el Orden Civil y en el Contencioso Administrativo se aplicarán también en lo Social, pero solo en segunda instancia. En ningún caso constituirán una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva para ningún ciudadano, puesto que quedarán exentos de pago aquellos a los que se les reconozca la asistencia gratuita. En cambio, junto a las personas jurídicas, sí se incluirá a las personas físicas con recursos económicos como sujetos pasivos de estas tasas.
A este respecto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya advirtió en su primera comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de que existe un «exceso de litigiosidad» y un «abuso» en el acceso a los órganos judiciales, sobre todo en la segunda instancia. Por ello, ha impulsado esta medida así como otras vías alternativas a la resolución de los conflictos, como la mediación.
Las tasas abonadas no irán a parar a las arcas del Estado sino que sufragarán el coste de la Justicia Gratuita. Unos 172 millones de euros fueron recaudados en 2010, una cuantía que ascendería a cerca de 300 millones con el nuevo sistema, según calcula el Ministerio. En concreto, el aumento de las tasas judiciales incide en mayor medida en la apelación -sube 500 euros- y en la casación -600 euros- de lo Civil y lo Contencioso-Administrativo; y en lasuplicación -500 euros- y en la casación -750 euros- del orden Social. La actualización deriva del coste que implica la actividad procesal, el IPC acumulado en la década en la que se lleva aplicando la tasa y el órgano jurisdiccional al que se acude.
Por último, se introduce una nueva tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados.
