El resultado del barómetro del CIS sobre la valoración que los ciudadanos hacen de la Administración de Justicia coincide con el diagnóstico que realizó este Ministerio y que dio lugar al Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012. En este tiempo, el Gobierno ha aprobado más de 50 iniciativas y destinado a este servicio ciudadano los dos mayores presupuestos de la historia en esta materia.
El barómetro ofrece, en general, y en consonancia con los anteriores una valoración crítica de la Justicia pero también ofrece algunos datos positivos:
La percepción sobre el funcionamiento de la Justicia ha mejorado. Aunque sólo el 18,4% considera que funciona bien o muy bien, este porcentaje marca una evolución positiva al registrado en el barómetro de 2008, en el que solamente el 8,8% de los encuestados tenía una opinión favorable. Los tribunales ofrecen más confianza que otras instituciones. Los tribunales de Justicia obtienen una puntuación de 4.6 sobre 10, frente al 3.7 registrado en 2008.
Mayoritaria percepción de honradez. El porcentaje de la población que considera que en los pleitos los jueces actúan con honradez y sin dejarse influir por ningún tipo de presión, un 37,8%, es ahora superior a los que consideran lo contrario (un 36%).
Mayor percepción de independencia. Más de un 40% considera a los jueces y magistrados independientes en grado alto o muy alto.
La ciudadanía, en general, demanda más medios, más tecnología y unos procedimientos más sencillos y ágiles.
Las últimas medidas del Gobierno para mejorar la Justicia
1.- Ha mantenido incrementos presupuestarios anuales del 11% de manera sostenida desde 2004, a pesar de las transferencias a las comunidades autónomas, y en 2010 se destinó a Justicia el mayor presupuesto de la historia de la democracia: 1.804,82 millones euros, con una variación interanual del 13,77%. Para este año 1.680,51 millones de euros.
-Hasta el 31 de diciembre de 2010 se han creado 985 unidades judiciales más 50 plazas de juez de adscripción territorial en las VIII y IX legislaturas, frente a las 763 de las dos legislaturas del PP. Estas cifras representan cerca de un 30% de incremento en la planta judicial Como consecuencia de la creación de unidades judiciales el ratio juez/100.000 habitantes ha pasado de 9,72 en 2003 a 10,67 en 2009 y 10,85 en 2010.
– Se han creado (687) plazas de fiscales durante los seis años de gobierno socialista frente a las (428) de las dos legislaturas del PP.
– Se han creado casi 1000 plazas de secretarios judiciales, duplicándose la cifra correspondiente al período 1996-2003.
– Todo ello acompañado de una inversión en modernización tecnológica como no había conocido el sistema de Justicia en su historia, casi 400 millones de euros adicionales solamente en los dos últimos años.
2.- Nueva Oficina Judicial, cuya puesta en marcha determina un antes y después en la organización de nuestro sistema de Justicia. Racionalización y especialización de las funciones de jueces y secretarios judiciales y la creación de servicios comunes generales que prestan servicios simultáneos a varios juzgados.
Ley Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Su objetivo es regular los aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales, así como establecer las condiciones necesarias para poder tramitar íntegramente en formato electrónico todos los procedimientos judiciales.
Nuevo Registro Civil, que será electrónico y con una base de datos común para toda España. Uno de los objetivos centrales para esta legislatura. Supone un cambio profundo del actual modelo, vigente desde 1957. Dejarán de expedirse los tradicionales libros de familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales. -Se sustituye el Registro de hechos por un Registro Civil de personas . Cada ciudadano tendrá una ficha personal única, donde constará todo su historial civil.
3.- Nueva Ley de Agilización Procesal para cancelar uno de los estigmas de nuestro sistema de Justicia como es la lentitud, que se manifiesta con mayor intensidad en tiempos de crisis económica, castigando sobre todo a los que tienen menos recursos. El objetivo de esta Ley es agilizar y acabar con esta discriminación, a la vez que se potencia la confiabilidad en la Justicia y el papel constitucional del Tribunal Supremo.
Ley de Jurisdicción Social. Para velar por el cumplimiento de la normativa sobre seguridad en el trabajo y evitar el peregrinaje de jurisdicciones..
4.- Ley de Mediación y reforma de la Ley de Arbitraje para reducir la carga de trabajo de los tribunales. Permitirá resolver determinados conflictos sin necesidad de acudir al juez.
