La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer dos asuntos de alta relevancia constitucional en los ámbitos penal y fiscal
Estas discusiones buscan consolidar la certeza jurídica, el respeto al debido proceso y la protección de los derechos humanos, reafirmando el compromiso del Máximo Tribunal con una justicia pronta, imparcial y eficaz.
PRISION PREVENTIVA
En el primer asunto, el Pleno podrá otorgar mayor claridad sobre los criterios que deben aplicarse para resolver cuándo procede la prisión preventiva justificada.
Medida cautelar impuesta al imputado por un juez, la cual consiste en la privación temporal del derecho a la libertad personal con el fin de asegurar la integridad de víctimas o testigos, así como el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal.
La prisión preventiva facilita el trabajo de los ministerios públicos que en irreflexivamente envían a prisión a una persona que es acusada de cometer algún delito grave, y con ello evitan realizar investigaciones exhaustivas para que los procesos sean ágiles y efectivos.
Esto implica analizar el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales y definir los elementos que deben considerarse para decidir si procede o no esta medida cautelar.
El estudio contribuirá a precisar los parámetros judiciales para asegurar un equilibrio entre las partes, es decir, que se pueda perseguir de forma efectiva la comisión de delitos pero que también se proteja la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las personas procesadas.
La prisión preventiva, una medida cautelar excepcional que, en la práctica, muchas veces termina siendo una condena anticipada.
QUERELLAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
En el segundo asunto, la SCJN evaluará hasta dónde la autoridad hacendaria puede presentar querellas en materia penal fiscal.
El Máximo Tribunal deberá determinar si el derecho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar que se inicie una investigación por delitos fiscales se interrumpe, cuando la información sobre el posible delito proviene de un dictamen técnico contable emitido por una autoridad distinta al Servicio de Administración Tributaria. Esta resolución permitirá delimitar los requisitos y plazos aplicables, aportando mayor certidumbre para contribuyentes y autoridades.
Fuente: Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción 617/2025 y 644/2025. Resueltas en sesión de Pleno el 22 de octubre de 2025.
