La crisis está afectando a la seguridad jurídica. Así lo reconoció ayer el abogado, ex político y uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca Junyent, en el I Congreso Bienal de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica celebrado en Girona.
Roca, que presidió una mesa de debate sobre inversión internacional, dijo que existe la sensación de que antes había seguridad jurídica «como principio» y ahora la hay «en principio». Es decir, «si no hay nada que lo impida, nada que parezca que permite justificar su lesión», concretó.
«En una sociedad conmocionada por la crisis y por los cambios, la seguridad jurídica se resiente pero tenemos que esperar que con tranquilidad y sentido común seamos capaces de superar esta situación», apuntó el abogado. Roca Junyent también se refirió a este concepto al decir que existe una especie de «liturgia formal» a su alrededor pero que «una vez desnudada de todos los aspectos más formales, aparece una realidad un poco más incómoda».
Así, el jurista y ex político no dudó en afirmar que «la crisis se lleva mucha seguridad jurídica por delante» y aseguró que «a los asistentes de este congreso no sólo nos preocupa la seguridad jurídica de Iberoamérica, puesto que algunos apuntan a la carencia que padecen algunos países receptores de capital sin tener en cuenta que a menudo el país inversor se encuentra con una realidad similar«.
Seguridad jurídica e inversión internacional
En el debate presidido por Roca, el primero de la segunda jornada de congreso, participaron Juan Ramón Balcells Olivero, director de la secretaría general de Telefónica Internacional; Julián Fernández Rodés, abogado responsable de proyectos de desarrollo corporativo en Iberoamérica de Abertis; Enrique Hernández Pérez, director corporativo de servicios jurídicos de Repsol y Rafael Gil Nievas, director del régimen jurídico de los negocios en América de Iberdrola. Todos coincidieron en que debe existir seguridad jurídica para hacer posible la inversión y en que es importante no generalizar en el contexto latinoamericano, ya que cada país tiene su propia estructura jurídica.
En el sector de las infraestructuras, el abogado de Abertis, Fernández Rodés, apuntó algunas de las características típicas de inversión en este tipo de negocio como la vocación de permanencia -ya que el retorno de la inversión se produce a lo largo de veinte o treinta años-, la necesidad de afrontar diferentes ciclos económicos y gobiernos o el carácter estratégico y público de este tipo de activos. Ante ello, consideró que es necesario tener en cuenta una serie de indicadores de la seguridad jurídica de cada país como la existencia de contratos equilibrados, un marco sólido que permita la inversión extranjera, leyes de contratación pública equilibradas, concursos públicos de licitación transparentes o una fiscalidad razonable. Por ello, insistió en que «los Estados tienen que seguir trabajando en la configuración de marcos transparentes y estables, así como en un sistema judicial sólido e independiente».
Por su parte, el director corporativo de servicios jurídicos de Repsol, Enrique Hernández, aseguró que la compañía cree que el caso de la expropiación de YPF en Argentina es una «excepción» en Iberoamérica en términos de seguridad jurídica, ya que el Gobierno argentino se ha negado a aportar o acordar cualquier compensación económica. «No se pueden cambiar las reglas del partido a mitad de juego; las inversiones internacionales tienen que poder ser compensadas por la confianza y el esfuerzo puesto en un determinado país», expuso. A pesar de calificar la experiencia en Argentina de «decepcionante», Hernández matizó que la inversión en los países de América Latina es «muy satisfactoria» ya que la mayoría de países han hecho un esfuerzo importante en materia de seguridad jurídica.
