La destrucción del volcado del teléfono móvil del principal acusado condiciona la resolución y desemboca en una reducción histórica de penas y varias absoluciones Javier Rubio Alamillo, perito informático del caso: “Este fallo demuestra que sin garantías en la custodia de las evidencias digitales no puede existir una justicia plena”.
La sentencia del conocido caso Arbistar, considerado por muchos como la mayor supuesta estafa de criptomonedas en España, sienta un precedente judicial en el ámbito de las pruebas digitales.
Por primera vez, un tribunal dicta condena en un procedimiento de este alcance sin disponer de la principal evidencia técnica, tras haberse acreditado la destrucción del volcado del teléfono móvil del principal acusado, elemento sobre el que se sustentaba la acusación.
Esta ausencia probatoria ha sido determinante en el resultado de la sentencia, que ha supuesto una reducción histórica de las penas solicitadas por la Fiscalía —de 29 años y 9 meses a 8 años en el caso del principal acusado, y de 23 años y 6 meses a 6 años en el segundo procesado—, así como la absolución de varios encausados.
“Esta resolución es un punto de inflexión. Reconoce, en la práctica, que un juicio no puede apoyarse en evidencias digitales destruidas o inaccesibles. La falta de custodia y de transparencia técnica se traduce en una vulneración directa del derecho a la defensa y del principio de prueba válida”, explica Javier Rubio Alamillo, perito informático que intervino en el procedimiento y acreditó en Sala la inexistencia del volcado.
Desde el punto de vista jurídico, la defensa de la inexistencia del volcado fue sostenida por el letrado Salvador Tena, del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, quien argumentó la nulidad de una prueba de cargo que no podía ser analizada ni contrastada por las partes.
Un fallo que alerta sobre la fragilidad de las pruebas digitales
Para Rubio Alamillo, esta sentencia abre un debate urgente sobre la fiabilidad de las pruebas tecnológicas y los protocolos que garantizan su integridad: “El caso Arbistar evidencia que las pruebas digitales, si no se preservan adecuadamente, no solo pierden valor, sino que pueden alterar el sentido de una sentencia. Este fallo es una advertencia para todo el sistema judicial.”
El perito considera que el precedente establecido por esta resolución trasciende el propio caso, ya que afecta al modo en que los tribunales valorarán, en adelante, las evidencias electrónicas en investigaciones complejas, especialmente aquellas que involucran activos digitales o criptomonedas.
Irregularidades que refuerzan la necesidad de transparencia
La desaparición del volcado no fue el único incidente que puso en entredicho el manejo de las pruebas digitales. Durante el proceso, salieron a la luz diversas anomalías e inconsistencias en la gestión de la investigación, entre ellas la detención e investigación de uno de los agentes de la Guardia Civil que había participado en el caso, acusado de un presunto delito de extorsión a varios de los acusados en el procedimiento.
Si bien estos hechos son ajenos al núcleo de la sentencia, refuerzan la llamada de atención sobre la necesidad de protocolos estrictos de control, auditoría y custodia de la evidencia digital.
Un antes y un después en la justicia digital
La resolución del caso Arbistar marca un antes y un después en la jurisprudencia española. La ausencia de la prueba principal y su impacto directo en el fallo obligan a revisar los procedimientos actuales de obtención y conservación de pruebas tecnológicas, que se han convertido en la base de muchos procesos judiciales contemporáneos.
“Este precedente obliga a jueces, fiscales y cuerpos de seguridad a garantizar que las pruebas digitales se traten con el mismo rigor que cualquier otra evidencia. No se puede juzgar lo que no se puede verificar”, concluye Rubio Alamillo.
Sobre el autor
Javier Rubio Alamillo es perito informático judicial, especializado en análisis forense digital, cadena de custodia y trazabilidad de activos digitales. Con amplia experiencia en procedimientos complejos ante la Audiencia Nacional, ha intervenido como experto en casos donde la validez de las pruebas tecnológicas resulta decisiva para la resolución judicial.
