Uno de los principales objetivos del Real Decreto-Ley 36/2020 de 30 de diciembre, ha sido tratar de evitar males endémicos que siempre han rodeado a los caudales públicos que se canalizan a través de licitaciones públicas. 

Autores: Pablo Álvarez y Leyre Millán, abogados en LABE Abogados

En esta ocasión en concreto,  se ha querido hacer especial hincapié en la tramitación de urgencia en materia de contratación, pues en el propio Real Decreto se ha recogido que todas las licitaciones que se pretendan financiar con los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se examinará caso por caso de forma exhaustiva si efectivamente dicha licitación procede tramitarse por el procedimiento de urgencia, según lo recogido en el artículo 119 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

En dicho sentido, el artículo 50 del RD 36/2020 de 30 de Diciembre recoge que “al licitar los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los órganos de contratación deberán examinar si la situación de urgencia impide la tramitación ordinaria de los procedimientos de licitación, procediendo aplicar la tramitación urgente del expediente prevista en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre”.

Esta se trata de una previsión que parece completamente lógica, si tenemos en cuenta determinadas malas praxis cuando revisamos los precedentes de contratación de algunas Administraciones Públicas, así como el destino de muchos de los recursos públicos para nada desdeñables que se emplean en procesos de contratación pública, llegando a suponer prácticamente un 20% de nuestro Producto Interior Bruto. 

Esto nos lleva a poder sacar dos conclusiones relevantes. En primer lugar, esta situación busca hacer, si cabe, un poco más de presión hacia los procedimientos de contratación por la vía de urgencia, de tal forma que se justifique motivadamente tener que acudir a procedimientos de urgencia (que se configura como una excepción). En segundo lugar, los Estados miembros deben proporcionar detalles sobre las medidas que adoptarán para evitar todo riesgo de fraude, corrupción o mala administración en general en la adjudicación de contratos vinculados a los fondos de recuperación, en con el fin de evitar la mala gestión de los fondos evitando así técnicas de corrupción y despilfarro.

Sin embargo, ya existen algunas deficiencias que han detectado algunos organismos como el Tribunal de Cuentas, como son las justificaciones puestas de manifiesto por algunas Administraciones sobre la necesidad de los contratos. Entre ellas, se pueden destacar:

  • Justificaciones demasiado genéricas
  • Demoras excesivas e incongruentes en relación con la redacción de proyectos y apertura de procesos de adjudicación
  • Dilaciones injustificadas en la ejecución de contratos incongruentes de facto con la urgencia que se invocan los contratos.

No cabe entender que un procedimiento de contratación por la vía de urgencia, caracterizado por la necesidad de ejecutar un contrato con una necesidad imperiosa, dilate su ejecución posteriormente de forma injustificada, máxime cuando tanto adjudicatario como adjudicador son conscientes que el contenido del contrato debía ejecutarse con prioridad.

En palabras del propio Tribunal Supremo, este determina que “el examen de los supuestos de hecho determinantes de la aplicación de este régimen excepcional ha de ser hecho con un criterio de rigor por el riesgo que implica de no preservar adecuadamente el principio básico que anima toda la contratación administrativa de garantizar la igualdad de oportunidades de los administrados”.  A esto se añade que “no basta la existencia de un acontecimiento de excepcional importancia del que dimane la situación que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo que ampara la normativa de emergencia es una actuación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del suceso en cuestión”.

La propia Comisión Europea ya ha establecido una serie de orientaciones dirigidas a los Estados miembros para establecer los planes de recuperación y resiliencia, donde les advierte, de forma rigurosa, que se aplicarán medidas de control. De esta forma se pretende evitar malas praxis por parte de órganos públicos de los Estados de la Unión Europea, así como que los fondos de recuperación respondan a la finalidad por la que se conceden estos, que no es otra que la mejora de la eficiencia de nuestro sistema productivo.


Autores: Pablo Álvarez y Leyre Millán, abogados en LABE Abogados

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