El incremento de los alquileres vacacionales durante la temporada estival en España pone de manifiesto la necesidad de reforzar la información y el cumplimiento de los derechos y deberes tanto de propietarios como de inquilinos.
La proliferación de plataformas digitales ha facilitado el acceso a alojamientos turísticos, pero también ha incrementado los riesgos de fraudes y conflictos legales que afectan a consumidores y prestadores del servicio. Por lo tanto es importante buscar asesoramiento especializado que pueda ofrecer una visión clara, actualizada y profesional sobre la protección legal en alquileres vacacionales, abordando las obligaciones de las partes para prevenir problemas específicos en las plataformas digitales durante el verano.
Los derechos y deberes de propietarios e inquilinos están regulados principalmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU). Así, los propietarios deben asegurar que la descripción del inmueble sea fiel y actualizada, garantizar la habitabilidad y responder ante incidencias durante el alojamiento.
Por su parte, los inquilinos tienen derecho a recibir información clara sobre las condiciones del alquiler, cancelar o modificar reservas conforme a lo pactado, y a un trato no discriminatorio.
En palabras de José Montero, CEO de Montero de Cisneros Abogados,: “La clave para evitar conflictos en alquileres vacacionales reside en la transparencia contractual y en que tanto propietarios como inquilinos conozcan bien sus derechos y responsabilidades. El desconocimiento suele ser el terreno fértil para fraudes y malentendidos, especialmente en el contexto digital actual.”
Entre los fraudes más habituales detectados en las plataformas de alquiler se encuentran anuncios falsos, cobros indebidos posteriores a la reserva, duplicidad de anuncios y condiciones contractuales ocultas o poco claras. La vigilancia por parte de las autoridades y la colaboración con las plataformas es clave para minimizar estas prácticas y proteger a los consumidores.
Desde un punto de vista jurídico, se recomienda a ambas partes seguir ciertas pautas para evitar conflictos. Los propietarios deben registrar su vivienda turística y cumplir con los requisitos autonómicos, mientras que los inquilinos deben leer detenidamente los términos del contrato, verificar la reputación del anunciante y utilizar métodos de pago seguros.
José Montero añade sobre la responsabilidad de las plataformas digitales: “Las plataformas deben asumir un papel activo en la verificación de la información y en la resolución ágil de incidencias. El uso de contratos claros y políticas transparentes no es solo responsabilidad de los propietarios, sino también de los intermediarios, que deben proteger tanto a anfitriones como a huéspedes.”
Adicionalmente, el uso de contratos claros y detallados con cláusulas específicas sobre cancelaciones, depósitos y responsabilidades es esencial para prevenir malentendidos. Las plataformas digitales tienen la responsabilidad de ofrecer mecanismos de verificación, atención al cliente efectiva y políticas transparentes que aseguren protección durante todo el proceso.
