LSP“No vamos a aceptar que desaparezca ninguno de los 83 Colegios de Abogados existentes”. Así de contundente se mostró hace pocos días Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), constatando lo que ya es una evidencia en el sector: la Ley de Servicios Profesionales se ha convertido en el gran caballo de batalla para los abogados españoles.

El clamor, sin embargo, ya no se reduce únicamente al ámbito de los letrados sino que la difusión del Anteproyecto de LSP, que reduce el número de Colegios Profesionales a ámbito autonómico o ‘excepcionalmente’ provincial, ha provocado que varias entidades de gobierno local también hayan mostrado públicamente su disconformidad. 

Ayuntamientos como el de Lucena, Figueres, Tudela o Reus han dado muestras de apoyo, a lo largo de las últimas semanas, a aquellas instituciones colegiales que podrían estar amenazadas con la aprobación de la nueva ley. Algunas mociones de rechazo a la normativa impulsada por el Ejecutivo se han producido incluso en consistorios como el de Jerez o el de Ferrol, que están gobernados por el Partido Popular.

Ante la posible eliminación de 33 de los 83 Colegios de Abogados existentes, estas entidades centran su argumentación en el hecho de que de aprobarse la normativa se eliminarían una serie de servicios de proximidad al ciudadano como el Servicio de Turno de Oficio y Asistencia al detenido, el Servicio de Orientación Jurídica o el de Intermediación Hipotecaria, que suele prestarse en colaboración con los Ayuntamientos locales. También destacan los años de historia de estas instituciones, que suelen superar el centenario.

Por su parte, la moción impulsada por el Ayuntamiento de Figueres, que ha tenido lugar hoy, también rechaza la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial con que trabaja el Ministerio de Justicia, que prevé la desaparición de todos los juzgados de la ciudad al establecer una única demarcación provincial y situar todos los juzgados en la capital de la provicia. Ello supondría, en este caso, el traslado a Girona de los once juzgados que actualmente tiene Figueres.

3 Comentarios

  1. Tanto la negligencia profesional como el intrusismo (artículo 403 del Código Penal) están tipificados en el Código Penal, y por tanto no hace falta ningún colegio profesional para garantizar que no haya intrusismo, basta denunciar en el Juzgado cuando alguien cometa una negligencia o ejerza sin el título correspondiente.

    Los que defienden los colegios profesionales no son los ciudadanos ni los colegiados, son los que viven de ellos, incluyendo las grandes corporaciones de seguros de responsabilidad civil y mutuas que los colegios tratan de obligar a contratar a los colegiados; aquí hay mucho dinero en juego, hablamos muchos millones de euros todos los años, y por eso hay tanta oposición a que las cosas cambien y se acaben los privilegios.

    Los colegios profesionales son un negocio para muchas personas, y esas personas no están dispuestas a que les quiten su medio de vida.

    La Ley de Servicios Profesionales es una guerra entre los lobbys profesionales y la sociedad civil y el Ministerio de Economía, y pronto veremos quién gana esa guerra.

    Los buenos profesionales no tienen ningún miedo a competir en un mercado sin colegios profesionales, y prefieren ahorrarse las cuotas abusivas que les imponen; y los ciudadanos prefieren disfrutar de la mayor competencia y de los servicios más baratos que tendríamos todos si no hubiese colegios profesionales, por tanto, nadie está a favor de mantener los colegios profesionales, salvo quien vive de ellos, como es lógico.

    Si queremos ser más competitivos, la colegiación debe ser voluntaria en todas las profesiones, pues basta un listado de titulados para garantizar que nadie ejerce una profesión sin el título correspondiente, es de sentido común.

  2. Pues como que muy de acuerdo con el comentario del Rafael Alba Padilla.

    Anotar simplemente que los lobbies son muy poderosos y ya han frenado el compromiso con Bruselas de tener un anteproyecto resulto en junio, y por tanto la liberalización no pinta nada bien. Los chiringos y las redes clientelares están perfectamente coordinadas.

  3. Estoy completamente de acuerdo con vosotros. Las cuotas de colegiación son una barrera más al ejercicio de la profesión.

    No me extraña que desde el colegio de Lucena protesten. Tienen las cuotas de colegiación más bajas de España para no ejercientes, lo que hizo que se colegiaran muchos abogados con la entrada de la ley de acceso a la profesión de abogado. Una verdadera amenaza para los otros colegios de abogados…

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