Esta semana se ha celebrado el I Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia a Iberoamérica, un encuentro organizado por la Universidad de Girona (UdG) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha reunido por primera vez a juristas, agentes económicos y políticos de ambas orillas del Atlántico para discutir sobre la salud actual de la seguridad jurídica.
Uno de sus principales objetivos es avanzar en el diseño de una propuesta de indicadores -como la cultura legal, la administración telemática o la internacionalización- que permitan medir el grado de protección de la seguridad jurídica en nuestras sociedades. De hecho, la lista se empezó a elaborar durante la última jornada del congreso y está previsto que se presente oficialmente en septiembre.
Carles Cruz es, junto a Jordi Ferrer -Director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG-, uno de los organizadores del encuentro. También ejerce como Magistrado de la Audiencia Provincial de Girona y ocupa el cargo de vocal en el CGPJ -puesto por el que fue elegido a propuesta del PSOE-.
¿Existen motivos de preocupación al hablar de seguridad jurídica?
Sí, si. Han ocurrido hechos en los últimos años, que han salido en los medios de comunicación, que ponen de manifiesto que no solo la comunidad jurídica individual, sino también las corporaciones privadas o públicas se encuentran que el marco de las reglas del juego es muy variable y que no se cumple con lo que está previsto.
Por ello, la Cátedra de Cultura Jurídica que dirige el doctor Jordi Ferrer se ha hecho eco de esta preocupación y sobre los temas que vinculan a la seguridad jurídica y todo lo que eso conlleva.
A pesar de organizarse desde instituciones jurídicas, este no ha sido un Congreso estríctamente técnico sino que se ha dado voz a representantes gubernamentales tan destacados como Zapatero, Lula da Silva o Fernández Reyna. ¿Consideraban necesario incorporar la perspectiva política?
Sí, absolutamente. Necesitamos los juristas, los agentes económicos, pero también los gobiernos. Si no teníamos la visión de los gobiernos esto hubiera podido ser, un poco, un brindis al sol. Necesitábamos la experiencia del gobernante que se encuentra con un mundo globalizado, con unos intereses contrapuestos entre Estados que a veces colisionan y que condicionan las decisiones. Para completar el panorama tenían que estar los tres.
¿Qué propuestas se han hecho para mejorar la seguridad jurídica?
Se han hecho muchas propuestas, como que es necesario que las leyes sean claras, que haya una estabilidad legislativa… No puede ser que las leyes se cambien cada dos por tres, que sean incompletes o confusas o que generen inseguridad por su propio redactado.
Pero la otra pata es la aplicación del derecho. La seguridad jurídica debe vivir en un marco de Estado de Derecho, con un poder judicial independiente. Y aquí entramos en el ámbito de la discusión de qué entendemos por un poder judicial independiente.
Aquí, por ejemplo, entraría también la discusión sobre la reforma del CGPJ, ¿no?
Sí, todo aquello que pueda afectar a la independencia de los tribunales de un país puede entrar en la discusión. Hay una cierta ola de determinados países, sobre todo europeos pero también alguno de iberoamericano, de tendencia a reducir los órganos de gobierno de los poderes judiciales y creemos que puede resultar afectada también su independencia.
¿Y en España?
Aquí hay la preocupación de que con la reforma del CGPJ que está en ciernes, sus funciones y sus competencias puedan verse gravemente recortadas y, por lo tanto, que afecten a la labor que están realizando los jueces. Si su órgano de gobierno, que es quien tiene que garantizar su independencia, ve reducidas sus competencias, de alguna forma puede mermar su capacidad de amparar la independencia de todos los jueces de España.
¿Qué opina sobre la reforma prevista para la elección de los vocales?
De momento esto está en proceso legislativo, ya veremos si realmente se aprueba tal y como está formulado, pero da la sensación de que se ha querido, de alguna forma, disminuir el papel de las asociaciones judiciales.
Cada uno tiene su idelogía y forma de ver las cosas y las asociaciones judiciales lo que hacen es articular los que tienen una determinada manera de ver la Administración de Justicia. Expresan la misión del proyecto de justicia que tiene el colectivo. Todas son muy respetables, todas enriquecen el debate. Y da la sensación de que con esta reforma se ha querido disminuir el papel de las asociaciones judiciales en lo que respecta a la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
¿Qué se puede hacer ante este tipo de críticas?
Ser exigentes con los poderes públicos de cada país.
¿Cómo?
Creando unos indicadores, haciendo una valoración independiente dentro de cada país, que nos ponga ante un espejo y nos veamos como estamos. En los tiempos de crisis en los que vivimos, que son convulsos, en que las instituciones tienen una falta de confianza de la ciudadanía y en que hay que tomar medidas de recortes, muchas veces la seguridad jurídica es la primera que se resiente. De ahí nació la preocupación y dijimos: “ahora es el momento, precisamente, de hablar de seguridad jurídica”. Porque en estos tiempos es cuando corremos más riesgos de que sufra, de que se vea disminuida y cuando pasa esto, el Estado de derecho también se ve disminuido, sin duda.
¿Se pretende hacer un ranking de países en función de sus seguridad jurídica?
De momento, la finalidad de este congreso, porque no lo hay en el mundo, es crear unos indicadores. Ponernos de acuerdo en cuáles son los indicadores que nos puedan permitir valorar o evaluar la seguridad jurídica de cada país.
¿Cuáles prevé que podrían ser estos indicadores?
La necesidad de preservar la estabilidad legislativa, preservar los derechos adquiridos, reforzar un poder judicial independiente, reforzar el papel de los órganos de gobierno del Poder Judicial, asegurar que la formación de los jueces, por ejemplo, estará en mano del gobierno de los jueces y no del poder ejecutivo…
Es decir, volver un poco, a la separación clásica de Montesquieu de los tres poderes básicos del Estado para preservar que el Poder Judicial no se vea contaminado por los intereses y por la actuación legítima -por supuesto- de los poderes ejecutivo y legislativo. Cada uno tiene que cumplir su papel, por lo tanto, es bueno que preservemos la independencia de cada uno de ellos.
¿A qué se refiere al hablar de la formación de los jueces?
Los jueces necesitamos una formación inicial antes de que se nos entregue el despacho. Necesitamos pasar, además de una oposición, por dos años de escuela judicial, que cada año aprueba los contenidos que hay que reforzar. Esta tiene que seguir dependiendo del Poder Judicial. No puede quedar en manos del ejecutivo determinar en qué materias se tienen que formar los jueces.
¿Cree que esto puede ocurrir en España?
Parece que de momento, la reforma que está en trámite en España no afectará a la Escuela Judicial. Pero en otros países sÍ que están preocupados porque pueden verse afectados en materia de formación.
Además, a parte de formación incial, tenemos la formación continuada. Tenemos que seguir cursos de actualización porque con los cambios legislativos es absolutamente imprescindible estar al día. Y más con la situación que tenemos de reformas legislativas continuadas y en materias sustanciales y que afectan a diario a la labor jurisdiccional de los jueces. Esto precisa de una formación continuada, que la tiene que seguir dando el órgano de gobierno del Poder Judicial. Hay que decidir los contenidos que se dan, quién los imparte y asegurar la neutralidad, la imparcialidad y la independencia de los jueces.
En la inauguración del congreso, el alcalde de Girona hizo referencia al derecho a decidir y a la posible reforma de la Constitución. ¿Qué opina sobre esta cuestión?
Estamos en un país libre y democrático. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas y el que tenga la opinión de que hay que reformar la Constitución está perfectamente legitimado para expresarse. Y los que opinen el contrario también. Esto forma parte del debate plural que tenemos en esta sociedad y también del debate político. Por lo tanto, no hay que escandalizarse ni asustarse porque se traten temas que están en el debate público y que, a su vez, están en la calle. Esto entra dentro de la normalidad democrática.
Sin embargo, el Fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, llevó a cabo un expediente de remoción del cargo al fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, por declarar la “legitimidad al derecho a decidir”.
Yo no puedo entrar en la decisión concreta del Fiscal General del Estado ni del Fiscal Superior de Catalunya porque esto sería introducirme en los debates de otra institución, tan respetable y tan hermana como el Poder Judicial, así que creo que no corresponde que yo me manifieste sobre esto.
Dicho esto, todo el mundo debe irse incorporando a estos criterios de normalidad y de poder debatir todo lo que está en la calle. Que todo lo que sea el debate pacífico y democrático sea bienvenido.
¿Qué opina de la liberalización de servicios profesionales?
En definitiva, esto es la trasposición de directivas comunitarias y de alguna forma nos viene regulado desde Bruselas. Habrá que ver cómo se compagina con los derechos fundamentales que tenemos en nuestra Constitución. Estoy seguro que tienen un encaje y que se encontrará una fórmula que esté a gusto de todos pero sin duda, dentro de una camino que nos marca la Unión Europea, de la cual somos socios y, por lo tanto, habrá que ver cómo se implanta, cómo se traspone, pero yo creo que el camino nos viene ya marcado.
¿Y en cuanto a las tasas judiciales?
Cuando tengamos las estadísticas del primer cuatrimestre hay ver qué impacto han tenido las tasas judiciales sobre la carga de trabajo y en qué ámbitos. Habrán algunos ámbitos que más, otros que menos… Pero, de momento, aún no tenemos cifras estadísitcas fiables para poder dar un diagnóstico.
Sí que existen cifras de recaudación hechas públicas por la Agencia Tributaria, según las que, hasta abril, se ha logrado ingresar menos de la mitad de lo previsto.
Yo no las conozco, pero más que la de recaudación, lo que nos interesa es ver si ha sido disuasoria o si ha sido un obstáculo para acudir a la Administración de Justicia. Es decir, si de la carga de trabajo podemos deducir que por la cuantía de las tasas se ha reducido de forma notable, cosa que podría preocupar en el sentido de obstaculizar el acceso a la justicia que tiene cualquier ciudadano. Esta es la parte que nos interesa conocer.
Y si se llegara a esta conclusión, ¿cuál sería la salida?
Nosotros podemos estudiar la evolución del impacto que ha supuesto para la carga de trabajo de los jueces, la reducción de asuntos que se haya podido producir, y en qué ámbitos es derivada de las tasas judiciales. Pero lo demás lo tendrá que decir el Constitucional.
