Ante la comisión investigadora del caso ProCultura, la autoridad fiscalizadora se refirió a las auditorías realizadas en ocho regiones del país por recursos entregados a la fundación.
La Comisión investigadora de los actos del gobierno en relación a los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación ProCultura, desde 2019 a la fecha, (CEI 61) recibió a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez.
Cabe recordar que la indagatoria apunta a las carteras de Cultura, Hacienda y la Dirección de Presupuestos y el respectivo control y fiscalización de los recursos entregados para desarrollar proyectos en ocho regiones del país.
La autoridad fiscalizadora realizó, por vía telemática, un detallado informe de las 17 auditorías realizadas a ocho gobiernos regionales y a las seremis de Cultura, Vivienda y Serviu. Estas entidades transfirieron cuantiosos recursos públicos a la Fundación ProCultura para la ejecución de diversos programas.
Al respecto, se refirió a los convenios o asignaciones directas en las que se detectaron problemas. Entre ellos, falta de ejecución de las acciones comprometidas, falta o retraso en rendición de cuentas, pago de sobreprecios y convenios sin objetivos claros, entre otros.
Asimismo, tercerización de actividades, término anticipado de contrato y falta de restitución de recursos. También se detectó vínculo entre funcionarios públicos que antes se desempeñaron en ProCultura.
La contralora señaló que existen algunos sumarios abiertos y que, en la mayoría de los casos, se enviaron antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La diputada Yovana Ahumada (INV) dijo que impresiona el modus operandi de ProCultura, tema que se replica en varias regiones. Agregó que “ningún Gore o seremi fue capaz de exigir experiencia, garantías o revisar el giro de la fundación”. Al respecto, consultó si existe una acción premeditada en la entrega de recursos.
Jaime Araya (IND) cuestionó que, pese a la entrega de información de la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado sólo presentó querella por el caso de Antofagasta. También, planteó cómo se recuperarán los fondos públicos y cómo hacer efectiva la responsabilidad de funcionarios involucrados.
Gustavo Benavente (UDI) sostuvo que la fundación recorrió Chile suscribiendo convenios por 6 o 7 mil millones de pesos y rindió sólo el 10 o 15%. El resto de la plata se esfumó, dijo. Igualmente, preguntó sobre el pago en una sola cuota inicial y si eso es un patrón en todo el país.
La contralora Dorothy Pérez dijo que el organismo que encabeza no puede determinar si esto es una acción concertada o doloso. Este tema le corresponde al Ministerio Público.
No obstante, recalcó que “uno ve similitud en las deficiencias de control de las instituciones públicas. Hay un mismo mecanismo deficiente de control”.
Respecto a las querellas del CDE, aclaró que la Contraloría no puede incidir, intervenir o calificarlas. Precisó que el citado consejo toma la decisión de acuerdo al mérito técnico y es una revisión y votación que realiza este.
La personera consideró que es difícil la recuperación de recursos cuando no hay patrimonio en la institución. En esa línea, la Contraloría no puede recuperar dineros, hay que esperar los resultados del Ministerio Público y de acciones presentadas por el CDE.
A su vez, explicó que el juicio de cuentas se encuentra detenido o suspendido hasta que termine la causa penal. Luego de todos los procesos, recién la Contraloría puede accionar contra funcionarios públicos que generaron un daño.
