La iniciativa busca fortalecer la Dirección de Educación Pública y precisar el rol rector del Ministerio de Educación, creando instancias y mecanismos que favorezcan la coordinación intersectorial.

El mensaje que fortalece la gestión educativa y mejora las normas sobre administración e instalación del Sistema de Educación Pública (SEP).

La iniciativa busca fortalecer la Dirección de Educación Pública y precisar el rol rector del Ministerio de Educación, creando instancias y mecanismos que favorezcan la coordinación intersectorial. Asimismo, pretende entregar herramientas que flexibilicen la gestión administrativa y financiera de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para asegurar el traspaso total y adecuado del servicio educativo.

En lo concreto, la iniciativa intenta dar respuesta a una serie de complejidades que ha implicado la instalación de los SLEP en distintas partes del país. Entre los objetivos de la propuesta, se encuentran:

1. Fortalecer la Dirección de Educación Pública, otorgándole nuevas atribuciones para la coordinación y conducción estratégica del Sistema de Educación Pública.

2. Precisar el rol rector del Ministerio de Educación, mejorando sus mecanismos de acompañamiento a los procesos de implementación del Sistema de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación y Subsecretaría de Educación Parvularia, así aquellos que permitan su coordinación con otros sistemas y servicios que colaboran con su funcionamiento.

3. Crear instancias y mecanismos que favorezcan la coordinación intersectorial, además de promover la colaboración de los servicios del sector educacional con el cumplimiento efectivo de objetivos del Sistema de Educación Pública.

4. Entregar herramientas que flexibilicen la gestión administrativa y financiera de los Servicios Locales, mejorando la entrega de apoyo técnico pedagógico a los establecimientos educacionales y facilitando su vinculación con las comunidades educativas.

5. Asegurar el traspaso total y adecuado del servicio educativo, ajustando funcionalmente los procesos involucrados y creando herramientas para el saneamiento de la administración municipal, previo al traspaso.

El nuevo texto contiene las siguientes disposiciones:

•    Establece la obligatoriedad del Plan de Transición, mejorando los mecanismos existentes para su seguimiento y fiscalización. Además, dispone la responsabilidad del alcalde o alcaldesa respecto de su cumplimiento.

•    Amplía de uno a dos años el plazo establecido legalmente para el traspaso, y aclara las condiciones bajo las cuales se realizará el traspaso de los establecimientos regidos por el DL N°3166.

•    Modifica el artículo que permite la postergación del traspaso educacional en ciertos casos excepcionales, ampliando la posibilidad de solicitar la postergación hasta el 2035.

•    Mejora el proceso de selección de Directores Ejecutivos, para evitar la duplicación de etapas y la dilatación de los tiempos involucrados en el proceso.

•    Modifica la norma de responsabilidad de los Directores Ejecutivos de los Servicios Locales, para efectos de permitir que les aplique, además de la remoción considerada en la norma actual, otras sanciones administrativas de menor entidad.

•    Fortalece las atribuciones de la Dirección de Educación Pública que permiten tomar medidas de prevención de situaciones de crisis en los Servicios Locales.

•    Modifica la norma que crea el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, determinando que ejercerá funciones permanentes de evaluación del sistema en régimen y modificando la manera en que se escogerán sus integrantes.

•    Crea un Fondo para asegurar la inversión permanente en infraestructura en el Sistema de Educación Pública.

Fuente: Senado de Chile

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