De la mano del Ministerio de Justicia, la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal acordó nueva fórmula para retomar los juicios orales
La Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, encabezada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela se reunió para abordar la reanudación de los juicios orales.
La Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal ha aborado durante las última sesiones el funcionamiento de los actores del sector justicia en momentos de pandemia y post pandemia.
Debido al atascamiento de causas que se han generado en tribunales durante los últimos meses por el COVID-19, en la sesión de ayer se acordó una metodología para retomar la normalidad de los juicios orales.
El Ministro Hernán Larraín señaló que “el acuerdo más relevante adoptado hoy es el que permite avanzar en los juicios orales, donde se habían producido diferencias entre los distintos protagonistas.”
“Finalmente, luego de un trabajo de una comisión, que reunió al Ministerio Público, a la Defensoría Penal, con los tribunales y el Colegio de Abogados, se ha llegado a acuerdo de que cuando el defensor penal o los defensores privados, junto con el Ministerio Público, llegan a acuerdo a la realización de la audiencia ante el Tribunal Oral, sea esta presencial o sea esta remota, se procederá y no habrá mayores dificultades.”
“Pero si no hay acuerdo, esto deberá ser resuelto finalmente en una audiencia de factibilidad por el Tribunal, donde cada una de las partes podrá hacer valer, en esa audiencia, sus puntos de vista”, aclaró el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Diferente es el caso de la Comisión de Constitución de la Cámara la cual despachó la prórroga para la implementación de la ley de Entrevistas Videograbadas.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, despachó el proyecto de ley que establece una prórroga para la entrada en vigencia de la segunda y tercera etapa de la Ley de Entrevistas Videograbadas.
Dicha iniciativa evita que los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales, deban entregar su testimonio varias veces durante los procesos judiciales, provocando revictimización.
En principio, la implementación de la segunda etapa de esta ley, para las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, estaba programada para el 3 de octubre de este año; mientas que la tercera etapa, para las regiones Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana, estaba prevista para el 3 de octubre de 2121.
No obstante, debido al estallido social y luego a la pandemia del Coronavirus, las instituciones involucradas han sufrido retrasos en su puesta en marcha, razón por la cual, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acordaron una prórroga para su entrada en vigencia, de 8 y 12 meses, para la segunda y tercera etapa, respectivamente.
Junto a lo anterior, se aprobó también otra modificación, que establece que la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal deberá informar mensualmente a la Comisión de Constitución de la Cámara y a la Defensoría de la Niñez reportes de los avances en la implementación de la norma.
