El Ministro de Justicia y Derechos Humanos anuncia mesa con el Poder Judicial para trabajar en conjunto la reforma al sistema de nombramiento de jueces.
Estas medidas surgen de un diagnóstico previo que busca fortalecer la independencia interna de los jueces, establecer un sistema de selección e integración del Poder Judicial basado estrictamente en el mérito.
Dichas medidas pretenden ordenar la jerarquía jurídica (orden de priorización) de las normas que regulan los nombramientos tanto a nivel constitucional como legal, y que los jueces se dediquen preferentemente a la labor jurisdiccional.
La Asociación de Magistrados reconoce que “en el estado actual de las cosas, no existe ningún mecanismo capaz de asegurar la completa omisión de intentos por influir de manera indebida en la selección de los postulantes”.
La iniciativa se enmarca en los compromisos del sector judicial que el Presidente Sebastián Piñera hizo durante la exposición de la Cuenta Pública Presidencial 2019.
Se trata de una mesa de carácter interinstitucional que tiene el objetivo de abordar la reforma al sistema de nombramiento de jueces.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, anunciaron que la mesa será todos los viernes a las 15 horas.
“Lo más relevante, sin embargo, es el hecho que el proceso que hemos iniciado ahora, de presentar un proyecto de ley próximamente, haya tenido una respuesta del tribunal Supremo, aceptando la idea de conversar. Hemos convenido iniciar una mesa de trabajo este viernes a las 15 horas, de manera de poder darle forma a todas las inquietudes, observaciones y comentarios que tiene la Corte Suprema respecto de la propuesta del gobierno”, sostuvo Larraín.
Proponen crear un Consejo Nacional de nombramientos para realizar la nominación de magistrados, función que hoy realiza el presidente del país. Este consejo, según la propuesta del Ministerio, tiene dos formas propuestas.
La primera, pretende que este consejo tenga autonomía y que sus miembros sean electos por el presidente, el senado, el Consejo de Alta Dirección Pública, una asociación gremial de jueces y las facultades de derecho. El Consejo llamaría a concurso, elabora una selección, elegiría las ternas y finalmente al juez.
La otra propuesta es que el Consejo dependa del Ministerio, siendo presidido por el titular de Justicia y otros 2 integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública y otro de las facultades de derecho. El concurso lo realizaría la Corporación de Administrativa del Poder Judicial eligiendo la terna final y el Consejo de nombramiento realizaría la nominación final.
Hay quienes advierten que el gobierno insiste en conservar el sistema judicial y modificar levemente el sistema de nombramiento, cambiando algo para que nada cambie.
Mientras los jueces se sostengan como una casta privilegiada con profundos lazos con empresarios y políticos, que sólo promete impunidad como en el caso de los corruptos ligados a los casos Penta, SQM o las colusiones empresariales.
El “Desastre de Rancagua” y el caso de Lusic abrieron un cuestionamiento que el Poder Judicial ni el gobierno logran cerrar.
Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Colombia
