El proyecto de ley que sanciona la tenencia de celulares en las cárceles de Chile se despachó a la Sala.
“La ley vigente prohíbe solamente el ingreso de celulares a las unidades penales”, precisó el presidente nacional de la Ansog, Joe González Barraza. “Sanciona especialmente a los funcionarios públicos y a los abogados que ingresen dichos aparatos a los establecimientos penitenciarios. Lo tipifica como delito”, señaló
Como una forma de fortalecer la agenda de seguridad del país, desde el Congreso el proyecto de ley busca sancionar la tenencia de celulares al interior de las cárceles sigue avanzando en su trámite legislativo.
La iniciativa aprobada por la Comisión de Constitución define una sanción penal para quien, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tenga en su poder celulares, parte de ellos, chips o aparatos de telecomunicación.
La Comisión de Constitución aprobó y despachó a la Sala un proyecto (boletín 15796) que modifica el Código Penal.
El objetivo de este proyecto es tipificar el delito de tenencia de celulares u otros elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.
La norma fue aprobada en general por la Cámara en marzo de 2023. Busca impedir que se desarrollen estafas telefónicas o extorsiones en los recintos penitenciarios.
Cabe señalar que, en noviembre de 2022, se publicó la Ley 21.494. Ella tipificó como delito el ingreso, por parte de cualquier persona, de elementos prohibidos que permitan a los reos comunicarse con el exterior.
La iniciativa busca complementar la norma recién mencionada, estableciendo penas a quienes tengan en su poder celulares o elementos que permita a los reclusos tener contacto con el exterior de los recintos penales.
La propuesta se impulsa entendiendo que existe un gran número de delitos, como estafas telefónicas o extorsiones, que se realizan desde las cárceles. Además, los aparatos y las mismas comunicaciones se constituyen en mercancías para el desarrollo de comercio ilícito dentro del penal.
El proyecto establece la sanción de pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (desde 61 días a 3 años y un día) al que, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tuviese en su poder celulares, parte de ellos, chips o aparatos de telecomunicación.
También se castigará al funcionario público que, conociendo esta tenencia, no la denuncie a la autoridad del establecimiento penitenciario. La sanción será de presidio menor en su grado mínimo (61 días a 540 días). Asimismo, se le aplicará una suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio.
La diputada Karol Cariola (PC) entregará a la Sala el informe respectivo.
