Nuevo debate de altura en el CIAMEN, Centro de Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación, con el arbitraje como protagonista. En esta ocasión dos presidentes de instituciones arbitrales como Jesús de Alfonso, del TAB y Juan Serrada de la CIMA, analizaron la situación actual del sector; el futuro de las entidades arbitrales y cuál va a ser el impacto de la futura Ley de Mediación en las instituciones arbitrales moderados por José Maria Beneyto, responsable de esta institución docente.  En frente, un auditórium muy cualificado con expertos abogados y árbitros de los principales despachos de abogados de nuestro país, ávidos de intercambiar conocimientos con los ponentes. Entre los asistentes también representantes de Cortes del Colegio de Abogados de Madrid, del Colegio Abogados de Valencia y de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo, quienes también dieron brevemente su punto de vista sobre la situación actual.

En su exposición, Jesús de Alfonso dejó claro que la legislación arbitral que más ha ayudado al arbitraje ha sido la última Ley del 2003 y su reforma de hace unos meses: “En un contexto como el actual, las instituciones arbitrales queremos crecer, habr´que ver cómo y eso implica que tengamos que consolidar la confianza que las empresas depositan en nosotros”, comentó. Desde su punto de vista la labor que hacen las instituciones arbitrales es muy importante, además de designar árbitros en algunas ocasiones, “hay una vertiente sociológica importante relacionada con la promoción y difusión del arbitraje, que también atendemos”.

Alfonso comentó a los asistentes que no es fácil encontrar a buenos árbitros, “no basta con ser buen jurista, hay que conocer las técnicas de negociación y en el caso de supuestos relacionados con mercados financieros, las famosas swaps, tuvimos que formar profesionales para este tipo de disputas”. Alfonso considera que en un momento de crisis como el actual las empresas buscan un buen arbitraje barato con un buen laudo. “En esta coyuntura las instituciones arbitrales invertimos en tecnología, elemento que nos ayuda a trabajar menor y ahorrar tiempo y costes en los procedimientos.”.

Precisamente algunas de las amenazas detectadas desde el TAB tienen que ver con esa pérdida de confianza en las empresas respecto a la institución  arbitral y en saber, ahora que acaba de aprobarse el RD 5/2012 de Ley de Mediacion como se adaptarán las instituciones arbitrales a este nuevo servicio que potencialmente pueden ofrecer: “Hasta ahora, un 45 por cien de los expedientes de arbitraje no llegaban a laudo porque había acuerdo entre las partes, ahora habrá que ver como introducir este servicio sin que distorsione al propio arbitraje”. Otro asunto que preocupa al presidente del TAB es la gran oferta arbitral de instituciones en nuestro país, que irrumpen mes a mes con fuerza, solo en Catalunya quedan reflejadas hasta 13 entidades arbitrales

En este contexto da la sensación que será complejo para las instituciones arbitrales crecer de forma exponencial en asuntos: “puede ser una medida impulsar otros métodos extrajudiciales, además de la mediación como la conciliación, sabiendo que el papel de las cortes de arbitraje es siempre neutral”. A este respecto se mostró muy crítico con el art 5.3 de la nueva Ley de Mediación que deja claro que un posible control de los poderes públicos de aquellas entidades que participen en la mediación, “creo que es un paso atrás que ha dado el legislador y veremos como lo afrontamos nosotros”, afirmó

Arbitros e instituciones, de la mano

 Por su parte, Juan Serrada, (en la foto, primero por la izda), en calidad de presidente de CIMA, dio su opinión sobre los temas planteados por el presidente del TAB. Desde su punto de vista es evidente la gran interrelación existente entre árbitros e instituciones arbitrales. “Al final lo que te das cuenta es que el prestigio de uno repercute en la otra, y viceversa”, indicó. En este sentido dejó claro que las cifras de arbitraje no tienen nada que ver con la de litigios en nuestro país. Que una empresa acuda a  arbitraje tiene que ver con “la complejidad jurídica del asunto, mas de lo habitual y la necesidad de las partes de contar de un fallo rápido en la medida de lo posible”. Desde esta perspectiva, Serrada vio un matiz artesanal, “cada caso es diferente a otro”, en la propia concepción del arbitraje respecto a otros métodos judiciales.

Sobre la designación del árbitro, entiende que es una de las decisiones más importantes que deben tomarse. Y coincidió con Alfonso en que además de ser un jurista debe ser un profesional con acreditadas dotes de negociación. “En nuestro trabajo es evidente el papel que tiene la tecnología; CIMA se ha dado cuenta y dispone de los medios más avanzandos de cara a que las partes y los árbitros puedan seguir los asuntos, si así hiciera falta, por la vía tecnológica.. Lo importante en este tipo de temas es poder contar con profesionales árbitros que también sepan asimilar esas cuestiones tecnológicas”

Respecto a la oferta arbitral tan heterogénea que hay en el panorama español, el presidente de CIMA advirtió que no será sencillo hacer un proceso de concentración. “Estamos hablando de un sistema mucho más flexible que la propia justicia, donde las partes tienen la opción de elegir esa entidad que gestione su asunto en concreto”. Todo esto hace, según su punto de vista que el arbitraje tenga i ncluso un componente de servicio público importante. “Estoy de acuerdo con De Alfonso que no será sencillo crecer para las instituciones arbitrales y que la clave será ganarse la confianza de las partes en todos los litigios que se impulsen.”

Serrada incidió en que quizás, a semejanza de la CCI de parís  y otras entidades de corte global, falte en nuestro país una institución arbitral con marchamo internacional. “Creo que sería bueno que los planteamientos de las instituciones arbitrales miraran al exterior, de esa forma nuestro peso en el arbitraje internacional se incrementaría notablemente”. Sobre la mediación, recordó que CIMA cambiará sus estatutos para ofrecer este servicio “bien organizado y estructurado, separado claramente de lo que es el arbitraje y también mostró su preocupación por el citado 5.3 de la ley de mediación “no queda claro que tipo de inspección tendremos que asumir las entidades que vayamos a mediación, ni de que forma podremos recurrir por via administrativa esos fallos, de forma concreta”.

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