Contexto: situación actual del colectivo de trabajadores autónomos
El presente informe tiene por finalidad analizar y cuantificar las consecuencias negativas que la falta de implantación del régimen de franquicia del IVA está ocasionando al colectivo de trabajadores autónomos en España.
Para comprender la urgencia de esta medida, resulta imprescindible atender a los datos más recientes del Barómetro de ATA, que evidencian un escenario económico complejo y un entorno administrativo progresivamente más gravoso para el autoempleo:
- El 35 % de los autónomos redujo su facturación en 2025 respecto de 2024.
- El 32 % declara que su situación económica general empeoró durante el último año.
- El 63 % de los trabajadores autónomos, a efectos de cotización, presenta un rendimiento fiscal anual inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
- El 93 % percibe un incremento de las cargas administrativas y fiscales.
Asimismo, un porcentaje muy significativo de los encuestados identifica la implantación del IVA franquiciado como una de las medidas más urgentes para aliviar dicha presión.
En conjunto, estos indicadores ponen de manifiesto una situación de vulnerabilidad económica y saturación burocrática, en la que las medidas de simplificación administrativa dejan de ser una opción para convertirse en una necesidad estructural.
2. Desventaja competitiva y perjuicio económico directo
La inexistencia de este régimen en España genera una desventaja competitiva relevante frente a trabajadores autónomos de otros Estados miembros que sí se benefician de sistemas equivalentes, como Francia o Italia.
De implantarse el régimen de franquicia, los autónomos españoles podrían obtener un ahorro agregado superior a 500 millones de euros anuales. ATA estima que aproximadamente 770.000 trabajadores autónomos —principalmente profesionales con bajo volumen de IVA soportado— cumplirían los requisitos para acogerse al sistema.
El perjuicio económico actual puede concretarse conforme a los siguientes parámetros:
Ahorro en costes de gestión:
La exención de presentar declaraciones periódicas de IVA y de mantener una contabilidad específica asociada a este impuesto supondría un ahorro estimado de 25 euros mensuales, equivalentes a 300 euros anuales por autónomo.
Ahorro en tiempo administrativo:
Se estima que cada autónomo dedica dos horas mensuales a tareas relacionadas con el IVA. Valorando dicho tiempo en 15 euros por hora, el ahorro anual ascendería a 360 euros (24 horas/año).
En consecuencia, el ahorro individual total alcanzaría 660 euros anuales. Extrapolado a los 770.000 potenciales beneficiarios, el perjuicio económico directo derivado de la no implantación del régimen se sitúa en 508.200.000 euros anuales.
3. Estimación del coste para las arcas públicas
Junto al beneficio para el colectivo autónomo, resulta necesario valorar el impacto recaudatorio de la medida.
Un informe del Comisionado del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, al analizar un sistema análogo en el IGIC, estimó un coste aproximado de 10 millones de euros.
En coherencia con dicha referencia, el Gabinete de Estudios de ATA proyecta que el coste para la Hacienda pública estatal se situaría en una horquilla de entre 625 y 650 millones de euros anuales. Esta estimación parte de la hipótesis de que unos 770.000 autónomos se acogerían al régimen por cumplir simultáneamente: ingresos inferiores a 85.000 euros anuales, y un volumen de IVA soportado reducido que no haga más ventajosa la permanencia en el régimen general.
4. Cuantificación del daño patrimonial y conclusiones
La omisión legislativa consistente en la falta de transposición del régimen de franquicia del IVA genera un daño patrimonial directo, efectivo y cuantificable para el colectivo de trabajadores autónomos.
En síntesis:
- El perjuicio económico supera los 500 millones de euros anuales en sobrecostes administrativos y de gestión innecesarios.
- Afecta a 770.000 autónomos que serían beneficiarios naturales del régimen por su nivel de ingresos y características de actividad.
- La situación actual implica una carga burocrática desproporcionada y sitúa a los autónomos españoles en una posición de desventaja competitiva dentro del mercado único europeo.
La implantación del IVA franquiciado constituye, por tanto, no solo una exigencia de adecuación al Derecho de la Unión Europea, sino también una medida de equidad fiscal y de apoyo estructural a un sector esencial de la economía española.
Asimismo, la inacción normativa produce un perjuicio de tracto sucesivo, materializado en una pérdida económica continuada que se renueva y consolida mientras persista la demora en la adopción del régimen.
