El estudio Baker McKenzie sostiene que la financiación público privada, en infraestructura social, será clave para la reactivación económica.
«Factores como la planeación, una visión a largo plazo, la atención a todas las partes implicadas y una actuación abierta a lo que demanda la sociedad, serán la clave para una gobernanza efectiva en la ejecución de infraestructura social.»
Los créditos engrapados y la Remuneración por Inversión – RPI- pueden ser figuras útiles para financiar este tipo de proyectos en Colombia.
En el marco del panel “Infraestructura social en tiempos inciertos: retos en su ejecución y financiación” organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, con el apoyo de la firma de servicios legales Baker McKenzie, una de las grandes conclusiones fue que el gasto público y el desarrollo de infraestructura social serán fundamentales para la reactivación de la economía colombiana tras el impacto del COVID-19.
La entrega de estos proyectos, bajo esquemas de asociación público privadas, permitirán que el Estado pueda liberar algunos recursos públicos para otros tipos de inversión o gasto que demande el país con más urgencia.
Así mismo, la discusión, planteada con base en experiencias de diferentes jurisdicciones sobre los diversos esquemas de concesiones, como los del sector hospitalario, por ejemplo, giró en torno a la importancia del rol privado en la infraestructura social y la pertinencia de evaluar la extensión de sus operaciones en este tipo de proyectos.
Según Alejandro Mesa, Socio del área de práctica Energía, Minería e Infraestructura de Baker McKenzie Colombia, “el modelo de APP, como la adjudicación del Hospital de Bosa, da una guía de cómo trabajar un modelo concesional, donde el Gobierno Distrital no solamente presiona el presupuesto nacional por vía de obra pública, sino también busca una participación más activa de actores privados, que a su vez vinculan una financiación significativa.»
«Es en este tipo de casos donde vemos que hay una oportunidad importante para la estructuración de proyectos bajo modelos APP que, seguramente van a necesitar una capacidad institucional muy importante tras la emergencia sanitaria», resaltó.
De otra parte y frente a los mecanismos de financiación en infraestructura social, Colombia sigue los parámetros que otros países han aplicado a lo largo de los años.
Según Margarita Oliva, Socia de Baker McKenzie Nueva York, “las estructuras que se han hecho con las modalidades de APP, en realidad una parte mínima, han incorporado aportaciones privadas pequeñas. Mayoritariamente la infraestructura social ha sido en construcción pública y los privados, en otras jurisdicciones, han alcanzado un tercio de toda esa inversión. En Europa, Asia o Australia, estos proyectos pueden rondar los montos de USD $50 millones o USD $100 millones, lo que es un capital pequeño en comparación a las inversiones usuales en infraestructura”
En cuanto a las perspectivas de los inversionistas extranjeros para las obras de corte social en la región, se espera que los gobiernos reviertan la situación adoptada durante la crisis económica en 2008 -que otorgó más importancia a la infraestructura económica-, para darle más énfasis a la infraestructura social.
Para Oliva, los jugadores entrantes traerán reglas e intereses nuevos “buscarán retornos estables a largo plazo, no estar condicionados al comportamiento económico o a la demanda del país y por supuesto que las entidades públicas que van a hacer los pagos, tengan un buen soporte crediticio. Vemos un gran elenco en la lista de actores para el establecimiento de asociaciones público privadas, como los fondos de pensiones, las compañías de seguros y los fondos de infraestructura, de capital y de deuda”.
Los mecanismos de financiación y concesión en infraestructura social pueden ser bastante amplios, lo que suscita creatividad en el diseño de los instrumentos, sin dejar de lado el funcionamiento en relación con los proyectos de infraestructura. Teniendo en cuenta el tamaño y la estructura de los proyectos, Colombia podría adoptar algunos modelos público privados ejecutados en otros países de la región, como la Remuneración por Inversión RPI del caso peruano – que dependerá de la evolución de la calificación de deuda en Colombia para ver qué tan fuerte va a ser el gobierno al momento de endeudarse-, o los créditos engrapados aplicados en México. Asimismo, podría discutir otros modelos, especialmente para momentos de crisis,como los Bonos de Impacto Social.
Será también clave desarrollar procesos de contratación alternativos para acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura social en situaciones de crisis. Los financiadores por ende serán actores relevantes en la medida que a través de los créditos, se impondrán métricas adicionales a las del Gobierno, para obtener mejores resultados, por lo tanto es importante que los sistemas de APP sean banqueables.
La infraestructura social será también indispensable para alcanzar las 17 metas de crecimiento sostenible propuestas por las Naciones Unidas, que ha suscrito Colombia y que incluyen la terminación de la pobreza para 2030. Al respecto, Carolina Duque, socia del área de práctica Banca y Finanzas de Baker McKenzie Colombia, señala que “únicamente a través de la construcción de más hospitales, centros educativos y carcelarios, de redes de acueducto y alcantarillado, de sistemas de transporte masivo y por supuesto con una mejora en la prestación del servicio a través de esquemas que involucren al privado, podríamos conducir a nuestro país y eventualmente en otras jurisdicciones, a un crecimiento económico que es sostenible y necesario”.
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