¿Quiénes deben ir a la cárcel? Ese es el interrogante que se hace el Ministro de Justicia (e) Juan Francisco Espinosa Palacios.

El debate se dio en el marco del debate sobre la situación que enfrenta el país en materia penitenciaria y carcelaria, celebrado en la Comisión Legal de Cuentas y de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes.

Juan Francisco Espinosa Palacios, Ministro de Justicia y del Derecho (e), presentó el panorama de lo que esta cartera ha encontrado en materia carcelaria:

Actualmente hay alrededor 120.000 personas privadas de la libertad; 80.000 son condenados, que son responsabilidad de la Nación y aproximadamente 40.000 son sindicados, cuya responsabilidad es de los entes territoriales.

El alto funcionario precisó: “La oferta del país se ha mantenido estable con 80.000 cupos, pero la demanda de personas que ingresan al sistema es de aproximadamente 120.000, con una tendencia creciente. Estamos hablando de un hacinamiento de alrededor del 50%. Al revisar los costos de sostenimiento anual de un privado de la libertad, encontramos que equivale a 25 millones y la creación de un cupo, a 120 millones.”

Asimismo planteó la necesidad como sociedad de pensar ¿Qué clase de país queremos ser? Espinosa Palacios aseguró que no se puede sacrificar al país en términos de salud y educación por la necesidad de construir cupos carcelarios; debe existir un balance entre cupos e inversión social.

Señaló también que el panorama actual en relación con los centros de reclusión no resulta de la construcción de nueva infraestructura, sino del aprovechamiento de la existente. Esto significa que no son espacios propicios para ser centros carcelarios.

El enfoque diferencial y el reconocimiento de la existencia de poblaciones con características particulares constituyen un avance significativo en el marco de la cobertura para la protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario y carcelario.

El tema referente a salud y alimentación resulta ser algo sensible en una cárcel, dada su complejidad, condiciones de seguridad; además, la comida que se reparte a los privados de la libertad requiere de un manejo especial teniendo en cuenta los frecuentes procesos de intoxicación, algo que resulta muy grave.

Durante el debate, Espinosa Palacios refirió al marco de resocialización para combatir efectivamente la reincidencia.

En materia de política criminal se están preparando ajustes para algunos tipos penales, pues hay algunos delitos que no pueden tener pena privativa de la libertad, como la inasistencia alimentaria, caso en el que debe haber una sanción financiera que proteja a los niños. “No pueden haber criminales de alta peligrosidad en la calle mientras hay personas detenidas por demandas de alimentos”.

Espinosa culminó su intervención asegurando que el país debe mejorar la infraestructura y el mantenimiento carcelario. Se espera que a mediano plazo se realice un proceso de fortalecimiento de la estructura rígida para aumentar cupos.

“Con la mezcla de estos dos escenarios esperamos reducir el hacinamiento, a través de una política criminal sólida que responda a los intereses del país”, finalizó

Fuente: Ministerio de Justicia, Colombia