El pasado martes 20 de septiembre, se aprobó el segundo debate del proyecto de ley 117 de 2021 que define y determina la gestión de los Pasivos Ambientales.

Lo anterior, en la plenaria de la Cámara de Representantes, con ponencia positiva de los representantes Julia Miranda y Cristian Avendaño.

 

 Importancia de este Proyecto de Ley

Se estima, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la existencia de 5.111 áreas sospechosas de pasivos ambientales:

36% (1842) relacionadas con la minería;

26% (1336), con los hidrocarburos,

25% (1281), con residuos sólidos.

Asimismo y de acuerdo con los ponentes, los representantes Julia Miranda Londoño (Nuevo Liberalismo) y Cristian Avendaño Fino (Alianza Verde), la aprobación, en Cámara, de este proyecto permitiría llenar los vacíos legales en torno a los Pasivos Ambientales. Además, de acuerdo con el informe de ponencia, los pasivos ambientales generan riesgos para la salud, deterioran la biodiversidad y ocasionan sobrecostos para las generaciones futuras.

 

Los puntos más importantes del Proyecto

Según el proyecto, un Pasivo Ambiental es la afectación negativa de los proyectos, obras o actividades humanas sobre el medio ambiente y la salud humana. Esta afectación, que deberá ser medible y localizable, será caracterizada por la autoridad ambiental de cada entidad territorial.

Dicha caracterización permitirá la asignación de responsables, quienes tendrán la obligación de presentar un plan de gestión que elimine o minimice el daño ambiental. En los casos en los que no se identifique un responsable, será la autoridad ambiental quien ponga en marcha un plan para subsanar el pasivo ambiental.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) crearán una política pública en la que se definan los tipos de pasivos ambientales y las fuentes de financiación de las entidades encargadas de identificar y hacer seguimiento a la gestión de los pasivos. Para una adecuada gestión, de acuerdo con el articulado, se creará el Registro de Pasivos Ambientales (REPA), que tendrá como función la recolección de la información clara y actualizada sobre los pasivos, y el Comité Nacional para la Gestión de Pasivos Ambientales, integrado por entidades del estado, la academia y la sociedad civil, que coordinará las instituciones estatales para garantizar el cumplimiento de los planes de mitigación o compensación por parte de los responsables.

Las autoridades ambientales tendrán la facultad de imponer medidas sancionatorias a los responsables de daños ambientales. Estas medidas consistirán en eliminar, minimizar o compensar las afectaciones negativas del medio ambiente. Por otro lado, se señala que el tiempo máximo para realizar las sanciones será de 20 años una vez se haya terminado el proyecto u obra.

El proyecto, aprobado por la Cámara de Representantes en Plenaria del 20 de septiembre, pasará a la comisión quinta del Senado para el respectivo trámite y convertirse en ley de la república luego de la sanción presidencial.

Fuente: Luis Gerardo Gómez, Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes de Colombia

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