Nadie duda de que la crisis provocada por la expansión del Covid-19 ha marcado un punto de inflexión en el tejido empresarial. Negocios paralizados, ERTES, cierres, todo ello ha impactado en las compañías como un tsunami del que poco a poco vamos saliendo adelante.
El cumplimiento normativo no es ajeno a esta realidad, es más, es auténtico protagonista en el regreso a esta “nueva normalidad”. Las compañías deben cumplir con nuevas normas añadidas a los reglamentos que ya estaban en vigor antes del estado de alarma: desde las que hacen frente a la crisis sanitaria hasta las relativas al abastecimiento y competencia, o las propias relativas a la organización de la propia compañía para retomar la actividad empresarial con el menor impacto negativo posible.
Al aumento de los requerimientos legales, se une la inestabilidad económica de la propia sociedad y, por tanto, de nuestra base de clientes y prospects. El Banco de España cifra el retroceso del PIB español en un 15%, basado en indicadores clave como el desempleo, la capacidad de ahorro y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo.
En este sentido, además del decrecimiento en las previsiones de ingresos y beneficios, estamos observando cómo la operativa de las compañías ha variado drásticamente en muy poco espacio de tiempo. De dedicar recursos empresariales a generar negocio, hemos pasado a destinar recursos a aquellas operativas que son obligatorias pero que generan un impacto negativo, o en el mejor de los casos nulo, en la cuenta de resultados.
Y fruto de la inestabilidad que provoca una crisis que algunos ya asemejan a la de 2008, llega una tercera variable que debemos tener en cuenta: el repunte de determinadas actividades delictivas. Desde fraude hasta blanqueo, una actividad que puede impactar a la compañía tanto desde el lado de los clientes, de los proveedores e, incluso, internamente a través de los propios empleados.
En este contexto, los departamentos de Compliance se convierten, hoy más que nunca, en la piedra angular de las compañías, un pilar fundamental para recobrar la tan ansiada normalidad.
Estos departamentos deben ser los primeros en adaptarse a las nuevas reglas del juego. Por un lado, es tal el volumen normativo al que es necesario adaptarse, y los cambios se producen con tanta rapidez, que es necesario contar con expertos en distintas disciplinas: desde el compliance penal hasta la protección de datos.
Deben ser profesionales con experiencia, a poder ser no solo en el sector en el que desarrolle la empresa su actividad, sino en otros sectores, lo que les permitirá tener una mente abierta y la posibilidad de buscar soluciones genéricas en el menor tiempo posible.
Los profesionales son la parte más importante de los departamentos de cumplimiento normativo ya que ellos serán el baluarte para la adecuada gestión de riesgos en la compañía. Serán los responsables de crear un sistema de control de compliance eficaz, también ahora, en la “nueva normalidad”.
La habilidad de cada compañía para adaptarse a estos nuevos cambios provocados por la crisis del Covid-19, a través de una correcta optimización de procesos y una medida gestión de los riesgos implícitos a cada actividad, será fundamental para volver a “velocidad de crucero”.
Autor: Roberto de la Cruz Martínez – Director de CompliOfficer
