Por Inés Rios García. Abogada de Uría Menéndez.

Ayudar a reducir la elevada tasa de desempleo actual en España y, en particular, el alto índice de desempleo juvenil (un 52,34% en el tercer trimestre de 20121) se configura como el principal objetivo del Real Decreto 1529/2012 que el Gobierno aprobó el pasado 8 de noviembre.

Este Real Decreto 1529/2012 contiene, por una parte, el desarrollo reglamentario del denominado “contrato de formación y aprendizaje”, ampliamente modificado desde el año 2010, y, por otra parte, las bases para la creación de un sistema de formación profesional dual en España.

El elemento común en ambos casos es conseguir que la formación se configure como un elemento clave en el acceso de los jóvenes al mercado laboral desde una doble perspectiva, laboral y educativa. Ello explica que en la elaboración de la norma hayan participado conjuntamente el Ministerio de Educación y el de Empleo y Seguridad Social.

Mediante el Real Decreto 1529/2012 se concretan ciertas cuestiones para la adecuada utilización del contrato de formación y aprendizaje, cuya regulación básica se establece en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores (i. e., contrato para jóvenes de entre 16 y 25 años, o 29 años mientras la tasa de desempleo se sitúe por encima de un 15%, que carezcan de la cualificación profesional que les permitiría concertar un contrato en prácticas, duración de entre 1 y 3 años, y tiempo de trabajo efectivo máximo del 75% de la jornada durante el primer año y del 85% de la jornada en los dos años siguientes). Así, cabe destacar que, entre otras materias, el Real Decreto 1529/2012 regula el sistema de impartición de la formación, ya que permite, por ejemplo, la formación a distancia o teleformación, los centros en los que podrá impartirse (centros de formación profesional, centros educativos o la propia empresa) o el sistema de tutorías.

Son varios los atractivos que, según el Gobierno, deben fomentar el uso de esta modalidad contractual. Desde el punto de vista del trabajador, no solo se completará su formación con una vertiente práctica en una empresa, sino que además recibirá una retribución (la que en cada caso establezca el convenio colectivo de aplicación, sin que pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo). A su vez, la empresa se beneficiará de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social.

Pero sin duda alguna la principal novedad del Real Decreto 1529/2012 es la regulación, a nivel nacional, de las bases de la futura implantación en España de un sistema de formación profesional dual. Este sistema, inspirado en el sistema de formación profesional alemán, se configura como una acción formativa complementaria mediante la cual los jóvenes tendrán derecho a recibir, como mínimo, el 33% de su formación directamente en una empresa.

Se podrán acoger a este sistema de formación profesional aquellos centros autorizados que previamente suscriban con las empresas un convenio de colaboración. En este caso, el estudiante no suscribirá un contrato de trabajo con la empresa ni, en consecuencia, percibirá salario alguno ni cotizará a la Seguridad Social. En contrapartida —con el objetivo de hacer más atractivo este ciclo formativo—, el estudiante percibirá una beca, cuya cuantía será determinada para cada proyecto.

Pese a las bondades del planteamiento de esta formación profesional dual, no son pocas las voces críticas que consideran que la medida instaurada por el Gobierno es una vía para proporcionar a las empresas mano de obra a bajo coste y que supondrá, además, un mayor recorte de medios humanos y materiales en la formación profesional. Igualmente, algunos sindicatos y fuerzas políticas se muestran escépticos acerca de que España sea capaz de adaptar con éxito el modelo de formación profesional dual de Alemania, sobre todo teniendo en cuenta que el tejido empresarial español lo integran fundamentalmente pymes y que el sistema alemán requiere de una importante dotación de recursos humanos y financieros por parte de la Administración.

Sin perjuicio de los posibles defectos o dificultades que puedan existir, es preciso reconocer que los objetivos son ambiciosos y que el elevado volumen de abandono escolar y de desempleo juvenil obligan a adoptar medidas urgentes que fomenten la ocupación de los jóvenes. La creación de este sistema merece, a priori, ser valorada positivamente en la medida en que debería incentivar al estudiante para que continúe su formación (reduciendo el abandono escolar) y permitir a las empresas contar con profesionales cualificados y plenamente adaptados a sus necesidades.

En todo caso, el propio Gobierno ha reconocido que está trabajando con el Gobierno alemán desde el mes de julio para conseguir que la implantación de dicho sistema sea un éxito, por lo que habrá que esperar al desarrollo normativo y la aplicación práctica del Real Decreto 1529/2012 para confirmar si se han cumplido los ambiciosos objetivos que motivaron su aprobación.

 

1 Comentario

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.