Recientemente se presentaba en Andalucía la nueva Ley de Economía Circular y, entre sus diferentes novedades, llamaba la atención la utilización de la contratación pública como instrumento de promoción de la sostenibilidad. En realidad, es algo que ya ha empezado a hacer en el campo de la innovación, donde el enfoque clásico de las subvenciones, se ha demostrado caro e ineficaz. A través de la compra pública innovadora, las administraciones, poco a poco, están descubriendo que la forma de incentivar la innovación es contratándola para mejorar los servicios públicos. O dicho de otra forma, utilizando su presupuesto de inversiones como palanca para impulsar la apuesta privada en innovación y para la generación de un ecosistema de pymes innovadoras para las que el sector público se convierte en un nuevo mercado al que hasta ahora no tenían acceso.
Teniendo en cuenta que la digitalización y la transición ecológica van a ser los dos vectores de crecimiento económico de las próximas décadas, no parece mala idea llevar este planteamiento también al territorio del medio ambiente, y convertir la contratación pública en un instrumento de valor estratégico para promover el desarrollo sostenible. En este caso no solo contratando directamente productos o servicios ambientales sino convirtiendo los criterios de sostenibilidad en factores claves para la resolución de las licitaciones. Es decir, premiando en los concursos a aquellas empresas que demuestran un compromiso cierto y efectivo en esta materia. En el caso de la ley andaluza, por ejemplo, a aquellas con productos y servicios inscritos en un Registro Público Andaluz de análisis de ciclo de vida de nueva creación, que cuenten con la etiqueta ecológica de la UE y cumplan unos criterios mínimos de durabilidad y reparabilidad, o que el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de la organización por parte del licitador esté acreditado en el marco del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. Se trata en definitiva de hacer realidad eso de que la sostenibilidad es rentable, empezando por lo que tiene más a mano la administración pública que es la contratación.
Por lo demás, la nueva Ley de Economía Circular es también paradigmática de los nuevos vientos que corren en las políticas públicas en lo que se refiere al fomento tanto de la colaboración público-privada, como de la colaboración público-pública, entre administraciones. Por lo que se refiere a la primera, de entrada, la nueva ley pretende suplir o al menos complementar el enfoque tradicional meramente coercitivo, con una estrategia mucho más en positivo y de apoyo hacia el impulso de la reconversión de los residuos en subproductos para posibilitar su reutilización. Por otro lado, la Ley significará la constitución del Centro de Innovación Digital, concebido precisamente como un punto de encuentro entre lo público y lo privado para dar impulso a la economía circular a través del I+D+i. Por lo que se refiere a la segunda, lejos de escudarse en el conflicto competencial, la ley promueve la colaboración con los municipios, impulsando la gobernanza local “como necesidad y oportunidad” en su papel clave para la promoción de la economía circular, por ser además la administración más cercana.
Finalmente, la nueva ley asume como prioritario el objetivo de facilitar las inversiones agilizando la tramitación a los proyectos de mayor valor estratégico. Siguiendo el modelo implantado en otras áreas, eso lo hará la Junta de Andalucía a través de la creación de una Oficina Andaluza de Economía Circular, que será la encargada de gestionar los proyectos empresariales de economía circular declarados de interés estratégico, que se beneficiarán de una tramitación prioritaria y una reducción de los requisitos exigidos.
Facilitar las inversiones de interés estratégico, promover la colaboración público-privada, propiciar la cooperación entre administraciones estableciendo objetivos comunes y utilizar la contratación pública como instrumento de dirección estratégica son cuatro tendencias en políticas públicas que han llegado para quedarse. Y en ese sentido la nueva Ley de Economía Circular me parece paradigmática de un nuevo estilo de hacer políticas públicas.
Sobre el autor
Francisco José Fernández Romero, Doctor en Derecho, Abogado y Profesor universitario, experto en Sector Público y Gobernanza, ha ocupado puestos de responsabilidad directiva en el sector de la empresa, Administración pública y en despacho de abogados. Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales por su trayectoria profesional como el Premio europeo al Mérito profesional otorgado por Fórum Europa, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo con distintivo rojo otorgada por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, el Premio a la trayectoria profesional otorgado por la Agencia de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza del Sector y la Medalla de Oro al Mérito Profesional otorgada por el Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud por sus aportaciones jurídicas en materia de Compliance.
