Helena Suárez Jaqueti, Socia de Suárez de la Dehesa Abogados.

El pasado día 3 de Mayo se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Este derecho, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se recoge en la Constitución española en el artículo 20, como parte integrante del Derecho a la Libertad de Expresión.

En plena era de las comunicaciones, resulta interesante, y es justo reconocimiento a la importancia de este derecho en la configuración de una sociedad democrática, analizar la interpretación realizada por el Tribunal Supremo de este derecho, analizando los límites del mismo en relación con el Derecho al Honor y a la Libertad de Expresión.

Como ha declarado el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones, el artículo 20.1.d) CE (Derecho de Información), consagra un derecho doble; por un lado, el derecho a comunicar la información y por otro el derecho a recibirla de manera libre, en la medida en que la información sea veraz. El objeto de este derecho es el conjunto de hechos que puedan considerarse como noticiables y alcanza su máxima expresión cuando se refiere a asuntos que son de interés general, por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen, y contribuyan, en consecuencia, a la formación de la opinión pública.

La libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información, porque no comprende la narración de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo.

A menudo es complicado separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y viceversa.

En el ejercicio de los derechos tanto de información como de libertad de expresión, en la medida en que los hechos sobre los que se informe u opine afecten a personas, tanto físicas como jurídicas, puede producirse un conflicto con el derecho al honor de los implicados.

El honor, conforme la postura del Tribunal Constitucional, es un concepto jurídico normativo, cuyo contenido debe quedar delimitado conforme a las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento. Conforme la interpretación realizada por los Tribunales, ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio.

Hay que señalar que tanto el Derecho a la Información y la Libertad de expresión como el derecho al honor son, todos ellos, derechos fundamentales; es por ello que en caso de conflicto, procede aplicar para su resolución técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, pero sin perder de vista el papel estratégico que juega el derecho a la información y a la libertad de expresión como garantes de la formación de una opinión pública libre.

En este sentido, en caso de conflicto, el primer elemento que debe valorarse es el interés general de la información o la relevancia pública de las personas implicadas. La «proyección pública» se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias.

Cuando la información comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad. En cualquier caso, la transmisión de la noticia o reportaje no puede sobrepasar el fin informativo que se pretende dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, porque, como viene reiterando el TC, la libertad de expresión no ampara en ningún caso el derecho al insulto.

Mención especial requiere también el lenguaje utilizado en la información. En este sentido, es preciso señalar que la jurisprudencia estima amparadas en la libertad de expresión aquellas expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva.

En lo que llevamos de año (2011), la Sala Primera del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones al respecto. Todas las resoluciones son interesantes y abordan el conflicto de derechos desde distintos ángulos.
La Sentencia 117/2011 de 3 marzo analiza la titularidad de dicho derecho con respecto a los cargos políticos, considerando que los representantes políticos, como representantes de la ciudadanía y en ejercicio de tal representación, están obligados a informar sobre todos aquellos asuntos con relevancia pública.

La Sentencia 114/2011 de 3 de Marzo consagra el derecho a la información precisamente como una libertad que no contiene, en principio, ningún derecho prestacional. Al amparo del derecho a la información no cabe exigir a los medios de información ni a sus profesionales la cobertura mediática acerca de determinados hechos; queda a criterio de los profesionales de la información decidir cuáles son las noticias sobre las que informar.

La Sentencia 114/2011 de 3 de Marzo debate acerca la labor de crítica y analizando la aceptabilidad de las expresiones graves realizadas en un ambiente preelectoral.

La Sentencia 128/2011 de 1 Marzo se centra en el requisito de la veracidad e interpreta la libertad de expresión, primando la ponderación de este derecho sobre el derecho al honor.

Por último, merece mención especial la Sentencia 72/2011 de 10 febrero; en este caso, se condena al titular de un sitio web como causante de la intromisión ilegitima en el honor. La evolución de los sitios web a entornos 2.0. permite a los usuarios, hasta ahora publico pasivo receptor de información, convertirse en creadores de contenidos y generadores de opinión; los usuarios deben tener muy claros los límites de su libertad de expresión y del derecho a la crítica, para no vulnerar los derechos fundamentales de otras personas. En la próxima década los conflictos entre los derechos vendrán más generados por el uso de estas herramientas sociales que por los medios tradicionales de información.