El desarrollo de proyectos piloto de fracking en Colombia exige su especial análisis respecto del impacto medioambiental.

Ante los recientes anuncios realizados por Ecopetrol para el desarrollo de proyectos piloto de fracking en Colombia, analizar sus impactos en materia de medio ambiente, recursos naturales, sismicidad, entre otros, permitirán consolidar las condiciones propicias para la adecuada ejecución de esta práctica de extracción de petróleo en el país.

Por esta razón, la firma de servicios legales, Baker McKenzie, destaca el aporte del derecho ambiental para mitigar la falta de información y desconocimiento que existe sobre la fracturación hidráulica, así como estructurar los mecanismos legales y de regulación necesarios para realizar esta actividad.

Tras conocerse el anuncio sobre la realización de pruebas piloto de fracking en Colombia para el segundo semestre de 2020, con el fin de analizar sus impactos en materia de medio ambiente, recursos naturales, sismicidad, entre otros, también se deben contemplar aspectos regulatorios y legales para su ejecución. Así mismo, deben incluir a las comunidades de las zonas a intervenir en el proceso para no incurrir en violaciones de sus derechos.

Aunque la fracturación hidráulica ha tenido promotores y detractores en todo el país, debe mitigar la falta de información y/o desconocimiento que existe sobre la misma, así como los señalamientos sobre falta de mecanismos legales y regulación para su desarrollo en el país, los cuales han bloqueado su avance.

“Entre los elementos que permitirían hacer del fracking una práctica confiable se encuentran: brindar un mayor entendimiento de la aplicación e interpretación de la normatividad ambiental que rige en el país. Por otro lado, es importante involucrar a los miembros de la comunidad para el desarrollo de estos proyectos, socializar los impactos derivados de esta técnica e invitarlos a participar de manera directa y activa para definir de manera conjunta soluciones a la problemática y preocupaciones de las comunidades de las regiones aledañas”, así lo señala Camila Jiménez, asociada en asuntos medioambientales de Baker McKenzie.

Además de interactuar con los habitantes de la zona, la comunicación con las autoridades competentes favorecerá el buen desarrollo de los proyectos, así como un trabajo coordinado en la identificación y mitigación de posibles riesgos de los sectores intervenidos para prevenir emergencias o daños en el entorno.

“Para llevar a buen término estas pruebas piloto, las compañías involucradas en el proceso deben contar con una correcta zonificación y delimitación de los ecosistemas estratégicos a intervenir. Gracias a esto, será posible determinar los lugares en donde pueden ejecutar el proceso, brindando mayor seguridad jurídica a los operadores y así evitar potenciales revocatorias de autorizaciones ambientales por la ocupación de espacios restringidos como los páramos u otros ecosistemas protegidos”, puntualiza Jiménez.

Actualmente, Colombia cuenta con 6 tipos de áreas legalmente protegidas, entre estas se encuentran: (1) Sistema de Parques Nacionales Naturales, (2) Reservas Forestales Protectoras; (3) Parques Regionales Naturales; (4) Distritos de Manejo Integrado; (5) Distrito de conservación de suelos; y (6) Áreas de recreación.

Existen otro tipo de ecosistemas, como por ejemplo los páramos, u algunas áreas marinas estratégicas que no se encuentran dentro de la lista de áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual los deja en una posición de desventaja frente a las áreas que sí cuentan con la denominación de áreas protegidas bajo el ordenamiento jurídico.

Ante este escenario, el reto que enfrentará el derecho ambiental en Colombia será entregar el correcto entendimiento, aplicación e interpretación de la regulación ambiental por parte de las autoridades ambientales a nivel nacional y regional, mientras fortalece el conocimiento técnico y legal de sus funcionarios para la entrega permisos y licencias ambientales de nuevos proyectos de exploración de Yacimientos No Convencionales.

Fuente: Camila Jiménez – Asociada en Baker McKenzie