Resolución aprobada en la Cámara de Diputados de Chile reconoce la desaparición forzada de personas entre 1973 y 1990.
En el documento, los diputados resaltaron los hechos certificados en las distintas comisiones que buscaron la verdad, la reconciliación y la justicia, todo ello, en miras de cumplirse, en 2023, 50 años del golpe militar.
Mediante la aprobación de la resolución 512, la Cámara de Diputadas y Diputados acordó reconocer la existencia de la desaparición forzada de personas en Chile entre 1973 y 1990.
Según se expone en el documento, los hechos fueron acreditados en las diversas Comisiones de Verdad. Allí se estableció que en la dictadura militar hubo 3.216 detenidos desaparecidos.
La propuesta contó con 85 votos a favor, 4 en contra y 37 abstenciones. Se enmarca en la conmemoración del cincuentenario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, a desarrollarse el próximo año.
El texto enumera las distintas comisiones que acreditaron los crímenes en dictadura. Es así como se menciona el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también conocido como “Informe Rettig”. La instancia mandatada por el Presidente Patricio Aylwin, en 1991, acreditó la existencia de detenidos desaparecidos, certificando a 2.296 víctimas.
En 1992, se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Esta última calificó la condición de víctimas de personas que la Comisión Rettig no alcanzó a examinar. Se sumaron, entonces, 899 nuevos casos.
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que tuvo como misión «establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias; reunir información que permitiera individualizar a las víctimas y estableces su suerte y paradero; recomendar las medidas de reparación o reivindicación que estimara de justicia; y recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los derechos humanos.»
La Comisión estuvo presidida por el jurista Raúl Rettig e integrada por ocho miembros, de los cuales cuatro estaban vinculados a la derecha política.
El Informe Rettig, fue entregado por la Comisión al Presidente de la República, después de nueve meses de trabajo, según lo señalado en el decreto, el 8 de febrero de 1991.
En el informe se redactaron relatos sobre violaciones a los derechos humanos, en los que se señalan los métodos empleados en dichas violaciones, la selección de las víctimas, los métodos de represión, la forma de garantizar la impunidad y las instituciones responsables.
En septiembre de 2003 se instauró la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por Monseñor Sergio Valech. En esa oportunidad, se recibió el testimonio de 35.000 presos políticos, permitiendo identificar recintos de detención en todo el país.
La resolución es una presentación de los/as PCS Gonzalo Winter, María Francisca Bello, Diego Ibáñez y Gael Yeomans; independientes Lorena Fries, Javiera Morales, Marcela Riquelme y Clara Sagardia; Comunes Claudia Mix; y RD Maite Orsini.
