Según una consulta de la Asociación de Empresas de Detectives Privados (AEDP) a 1.000 empresas, el 60 % de las compañías españolas con más de cinco empleados ha contratado en algún momento los servicios de una agencia de detectives privados. El estudio subraya que la mayoría de las demandas están vinculadas a asuntos laborales —el 65 % de los casos—, que además son los más recurrentes. El segundo bloque por importancia lo componen las investigaciones por fraude, solicitadas en el 47 % de las ocasiones.
Además de estas demandas tradicionales, el informe identifica servicios en alza: compliance, investigaciones internas y gestión de canales de denuncia, que ya han sido contratados por el 37 % de las empresas consultadas. Los asuntos privados o familiares representan una proporción menor (8 %).
En términos de mercado, la AEDP sitúa en torno a 5.000 el número de licencias de investigador en España, si bien la cifra de agencias tiende a descender debido a un proceso de concentración que favorece la creación de empresas de mayor tamaño.
El sector reclama una normalización de su imagen pública. Según la AEDP, la profesión actúa de forma habitual en ámbitos sociales, corporativos y judiciales y contribuye a la lucha contra el fraude, la corrupción y otras prácticas ilegítimas, pero la visibilidad mediática suele limitarse a casos polémicos que reproducen estereotipos sensacionalistas en vez de reflejar su dimensión profesional y social.
