Por Jordi Tirvió Portús Socio Director – Área Penal Económico. AGM Abogados – Barcelona 

 

Estos días es noticia el llamado “caso Bretón” (la desaparición o muerte de dos niños atribuida a su padre). El terrible suceso ha adquirido de nuevo notoriedad a raíz del informe pericial realizado por el antropólogo Francisco Etxebarría, que concluye que los restos hallados (dientes y fragmentos de huesos) son de niños y no de animales, contrariamente a lo que se decía en el informe realizado por una antropóloga forense de la Policía Científica.

El perito Etxebarría ha intervenido en el procedimiento a instancia de la madre de los niños,  es decir, ha realizado un dictamen pericial de parte. Este hecho, sin entrar ahora en valoraciones sobre el acierto de uno u otro dictamen (aunque todo apunta a que el realizado por la Policía Científica es erróneo), me lleva a realizar unas breves consideraciones sobre la prueba pericial en el procedimiento penal.

El informe pericial está previsto y minuciosamente regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se establece que el Juez lo acordará cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancias importante en el procedimiento, fueren necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos.

No es necesario hacer un gran esfuerzo para demostrar la importancia que el informe pericial puede llegar a tener en el proceso penal, como medio de prueba para acreditar la comisión de un delito o las circunstancias relacionadas con el mismo (por ejemplo, lo concerniente a la capacidad mental del autor del hecho). La importancia de la prueba pericial ha ido en aumento a medida que nuestra sociedad progresivamente ha alcanzado mayores cotas técnicas y científicas.

No obstante, que en un procedimiento intervengan peritos no significa que el juez automáticamente deba dictar sus resoluciones con base en las conclusiones de dichos informes, al contrario, el juez no debe renunciar a su espíritu crítico y olvidar la obligación que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal le impone de “apreciar según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los procesados”.

El juez debe de valorar todas las pruebas, lógica y racionalmente, y no caer en la tentación de acoger, sin más, las conclusiones del informe pericial, sin antes haber realizado un esfuerzo interpretativo de todo el material probatorio. Y, en particular, cuando se trata de confrontar diversos informes periciales, el juez no debe dar preferencia a los dictámenes de los organismos oficiales, a partir de la creencia de que éstos son los únicos objetivos, por contraposición a los elaborados por los peritos de parte, a los que en todo caso considera parciales.

La posibilidad de que las partes (acusación y defensa) nombren peritos en el procedimiento penal está expresamente prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el momento de acoger las conclusiones de los informes periciales de parte o de los realizados por organismos oficiales, el juez, utilizando todo su potencial intelectual, deberá valorar qué pericial la genera mayor convicción, pero con base en cuestiones objetivas (titulación y conocimientos del peritos, análisis realizados, explicación de proceso técnico o científico utilizado, etc.), no partiendo del erróneo apriorismo de que el perito de parte no es imparcial.  El “caso Bretón” puede ser un buen ejemplo práctico de lo dicho.

 

 

1 Comentario

  1. Estimado Jordi, la reflexión que haces me parece oportuna y muy acertada, si bien me gustaría significar, que en el caso que comentas, el Juez a tenor de otras pruebas e indicios resultado de la instrucción, ordenó la medida cautelar de ingreso en prisión preventiva del Sr. Bretón, por ello creo necesario y de justicia, que se reconozca su buen criterio en esa decisión. En relación al uso de peritos de parte, estoy contigo que deberían ser más tenidos en cuenta, aunque la credibilidad debe merecerla y ganársela cada uno. En cualquier caso es mi opinión y te felicito por tu artículo.

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