Los datos del Colegio de Abogados de las Islas Baleares, que coordina el Turno de Oficio en la Comunidad, evidencian que durante el año 2009 se abrieron un total de 25.758 expedientes, cantidad que supera en un 25.7% a los registrados en 2008.
La situación de recesión económica explica el incremento experimentado en 2009 por el volumen de trabajo de los abogados de justicia gratuita, ya que sin bien son los casos de incidencia penal los que concentran la mayor parte de las peticiones, los expedientes relacionados con la jurisdicción civil (desahucios, liquidaciones de cantidad, etcétera) son los que más crecieron.
A esta cantidad, hay que añadir los miles de ciudadanos que recibieron orientación y atención jurídica especializada en las oficinas de atención a las víctimas de delitos y en los diferentes servicios que, al margen del Turno de Oficio, el Colegio de Abogados pone a disposición de los colectivos más desfavorecidos, como son las personas mayores de 65 años, los discapacitados, las víctimas de la violencia de género y la población reclusa.
Datos y cantidades que, en todo caso, dan buena cuenta de la importancia del trabajo que realizan los abogados adscritos a estos servicios, los únicos que garantizan el acceso a la justicia gratuita de las personas que no disponen de recursos suficientes para litigar y la defensa de los intereses legítimos de los colectivos más vulnerables.
El ingente volumen de trabajo de los letrados del TO, las miles de personas que se atienden anualmente, y el hecho de que la asistencia letrada está garantizada las 24 horas los 365 días al año demuestran que el modelo de asistencia jurídica gratuita funciona.
El Colegio de Abogados de Baleares desea reiterar su firme adhesión a la campaña que lleva a cabo el Consejo General de la Abogacía Española para defender el actual sistema y oponerse a cualquier tentación de los poderes públicos de acometer recortes presupuestarios en la prestación de un servicio que se ha consolidado desde hace años como un instrumento esencial en el derecho de defensa y en la tutela judicial efectiva de los colectivos desfavorecidos.