Gabriela BoldóPor María Gabriela Boldó, juez sustituta

Durante este último año se ha debatido sobre si el fenómeno de los escraches puede constituir algún tipo de infracción penal. El pasado 29 de enero de 2014, la Audiencia Provincial de Madrid, en el auto número 81/14 consideró que no, confirmado, de ese modo, el sobreseimiento dictado de la denuncia interpuesta por el escrache realizada ante el domicilio de la vicepresidenta del gobierno.

Los hechos objeto de denuncia ocurrieron el 6 de abril de 2013 cuando se produjo una concentración numerosa de personas, convocada por la Plataforma de los Afectados por la hipoteca delante del domicilio particular de la Vicepresidenta del Gobierno y de su familia. Esa concentración no fue comunicada previamente. Se realizó portando carteles y profiriendo consignas protestando contra la política de desahucios en los procedimientos hipotecarios por impago de las cuotas y el rechazo del Partido Popular a la iniciativa legislativa popular que la plataforma auspiciaba. La concentración duró unos 20 minutos y durante la misma se profirieron gritos como: “sí se puede, pero no quieren”, “Soraya, Soraya quien te paga tu casa” “no son suicidios son asesinatos”.

A partir de ese relato fáctico, el auto se analiza si dicha conducta puede subsumirse en cada uno de los delitos por los que el Ministerio Fiscal consideraba que debía seguirse la instrucción de la causa. Sin embargo, como ya se apuntaba desde tertulias sociales y foros jurídicos, el auto ahonda la figura de las coacciones, analizando se si ese día, en esa concentración, concurría alguno de los requisitos típicos que definen la infracción penal de las coacciones, si el escrache puede considerarse una herramienta democrática de pluralismo ciudadano frente a decisiones políticas y si el si el derecho a la paz domiciliaria debe prevalecer frente a esta herramienta democrática cuando la concentración se haga ante el domicilio particular de un representante político.

En lo que se refiere a las coacciones el análisis se hace desde distintas perspectivas.

En primer lugar se analiza si se puede considerar coacción el hecho que el denunciante se abstuviera de salir a pasear con su hijo. Tanto la Sala como el Juez de Instancia afirman que la acción típica no llegó a producirse, puesto que no puede afirmarse que las personas allí concentradas impidieron con violencia salir al denunciante y a su hijo de su casa, ya que, de hecho, el padre ni tan siquiera lo intentó, por lo que dicha conducta no es relevante penalmente.

Parece más adecuado afirmar que el padre del menor se acobardó o no se sintió con ánimos de salir de su casa por miedo a un eventual enfrentamiento, si bien dicha conducta no puede atribuirse a la concentración que había debajo de su casa ya que ésta no presentaba signos externos de violencia, puesto que dicha reunión fue, en todo momento, y como detalla el auto, pacífica, ya que no había ni armas, ni violencia sobre las personas, ni fuerza en las cosas, ni se causó ninguna perturbación del orden propia de estas concentraciones, tampoco hubo ni daños a objetos ni a tercero, ni acometimiento alguna a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De lo que cabe extraerse que no había ningún signo objetivo que evidenciaría ningún tipo de violencia que pudiera atentar contra la libertad del denunciante, más allá de las expresiones incómodas que se oían. Si bien es cierto que ese ambiente o esa situación generó un inconveniente que conllevó que el denunciante no hiciera lo que quería, este inconveniente no puede tener relevancia penal y los términos incomodidad y violencia no pueden en ningún momento equiparase. En el análisis de la situación, y en la incomodidad que se generó debe tenerse en cuenta también las circunstancias concurrentes tales como que la reunión duró escasos minutos, alrededor de 20 minutos, unido al hecho que en todo momento había policías frente al domicilio, hecho que permitía atemperar la inquietud o intranquilidad que podía causar en el denunciante la concentración, por lo que el temor del padre a un eventual ataque violento era improbable.

El segundo argumento que esgrime el Ministerio Fiscal en relación a las coacciones, es el relativo a que con dicha reunión se pretendía influir en el voto de un miembro del gobierno, la vicepresidenta, mediante una vía de hecho que constituye “vis compulsiva”. En este punto no se entra a analizar el carácter de autoridad o no de la vicepresidenta sino el modo en que la sociedad civil ejercitó ese día su derecho a la participación democrática como expresión del pluralismo de los ciudadanos y si ese ejercicio revestía caracteres de delito. Según el Ministerio Fiscal la conducta podía subsumirse en el delito de coacciones del art 172 del CP; sin embargo, el tribunal pone en relación la sentencia de la sala II, del TS, 843/2005 de 29 de junio en que explica que los elementos objetivos de la dinámica comisiva encaminada a un resultado pueden ser de doble carácter:

a- impedir hacer a alguien lo que la ley no prohíbe.

b- compelerle a hacer lo que no quiere ya sea justo o injusto y que tal actividad se plasme en una conducta violenta.

De modo que esa utilización del medio coercitivo ha de ser adecuado, eficaz, causal respecto del fin perseguido. Debe haber una relación medio fin entre el medio comisivo violento y la lesión de libertad de la actuación. Es decir instrumentalizar la violencia para el fin conseguido. Y es esta ausencia de violencia, por los argumentos antes expuestos, lo que impidió calificar los hechos como constitutivos de un delito de coacciones, puesto que ni las expresiones verbales ni la acción que realizaban las personas allí concentradas podían ser consideradas como violentas, por lo que, en ese escrache no hubo medio coercitivo para influir en la voluntad de la vicepresidenta.

El propio tribunal recuerda que la voluntad de influir es inherente al derecho de reunión y no por ello todas las reuniones son coacciones. El hecho de intentar influir o persuadir a los políticos de sus decisiones no puede subsumirse en el tipo penal del art 172, sino se da esa violencia suficiente que coarta la libertad del individuo. La finalidad de las manifestaciones o de las reuniones es la de tratar de influir en las decisiones políticas, y dicho derecho forma parte del mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos.

Descartada ya la naturaleza violenta del escrache, el Ministerio Fiscal arguyó el carácter ilegal de la reunión por falta de comunicación previa de la misma, basándose en la sentencia del TC 301/2006. Ante esta alegación la sala recuerda que el requisito de autorización previa no la convertía en alegal, porqué no es un elemento integrante del derecho fundamental de manifestación. Si la manifestación colectiva es el cauce de la libertad de expresión y el cauce del principio democrático representativo (sentencias 163/2006, de 22 de mayo y 193/2011 de 12 de diciembre y reiterada jurisprudencia del TEDH), impedir administrativamente una reunión o una manifestación requiere una justificación excepcional que no puede quedar amparada por el derecho a la intimidad domiciliara. A su vez la falta de comunicación sería un requisito administrativo que no revestiría la entidad de infracción penal.

Finalmente, la falta de autorización administrativa tampoco puede convertir la reunión en ilegal, a tenor del texto del art 513 del CP, puesto que no ha quedado acreditado que la manifestación tuviera por objeto cometer un delito.

Por lo que cabe concluir que los escraches son un mecanismo de participación democrática de la sociedad civil para reivindicar o tratar de incidir en la opinión de los políticos y no reviste delito alguno, siempre que se ejercite de manera pacífica y con escasa duración en el tiempo.

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