El Informe sobre el Estado de la Justicia, que ha presentado este miércoles el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Pedro L. Yúfera, alerta, entre otras cosas, que un 70% de los clientes que han consultado un abogado han renunciado a interponer una acción judicial debido al establecimiento de las tasas judiciales. Así lo han señalado los abogados que han participado en la encuesta sobre el Estado de la Justicia.
«Este hecho demuestra lo que la abogacía hace tiempo que está denunciando. Las tasas judiciales suponen un impedimento a que los ciudadanos ejerzan su derecho a acudir a los tribunales para reclamar justicia. Las soluciones para paliar la situación en los juzgados no pueden estar vinculadas con la obstaculización del acceso a los tribunales, sino que deben ir encaminadas a establecer planes de acción individual para solucionar las situaciones concretas de los distintos juzgados «, ha afirmado el decano de los abogados de Barcelona.
Yúfera también ha explicado que “en un momento de crisis económica como el actual, la justicia tiene que funcionar. Los ciudadanos deben poder recurrir a los tribunales cuando métodos alternativos de resolución de conflictos como la mediación o el arbitraje sean descartados como vía para hacerlo. Es intolerable tener que esperar hasta un año para resolver un asunto. La justicia es el camino para sacar el país adelante. Si la justicia funciona, la economía mejorará».
Por ello, desde el ICAB se cree que los problemas de la Administración de Justicia se podrían resolver con una inversión mínima pero efectiva, sobre la situación concreta que tiene cada jurisdicción. «Es necesaria la aplicación de las nuevas tecnologías para favorecer la modernización de la justicia. Es necesario apostar decididamente por una nueva oficina judicial más estructurada y organizada, así como por una mayor coordinación con todas las partes que participamos en la Administración de Justicia para mejorar la situación actual», ha explicado el decano de los abogados de Barcelona.
Los juzgados de lo mercantil y lo social, los más colapsados
Precisamente el Informe sobre el Estado de la Justicia, elaborado por el ICAB, detecta cuáles son los principales problemas en cada jurisdicción. El informe muestra que los juzgados de lo mercantil y lo social son las jurisdicciones que sufren mayor congestión y colapso.
Los juzgados mercantiles son los que tienen una tasa de pendencia, es decir, los asuntos que quedan pendientes de finalizar, más elevada: el 160% en Cataluña y el 120% en la demarcación del ICAB. Esto demuestra la insuficiente capacidad de los órganos judiciales para atender todos los asuntos que ingresan en estos juzgados, que ya nacieron «colapsados».
Las cifras también son preocupantes en cuanto a la congestión de los juzgados mercantiles, que durante los últimos 6 años ha sido del 200% y concretamente en el año 2011 ha ascendido al 227%. «Al margen de los datos, lo que realmente nos debe preocupar son las consecuencias que se derivan: empresas que se encuentran atrapadas en un concurso sin poder hacer resurgir una empresa o cerrarla de forma dramática, ya que detrás hay personas que están esperando una resolución judicial «, ha argumentado Yúfera.
En el ámbito de la jurisdicción social, a pesar de los esfuerzos que se han realizado y que se visualiza en una tasa de resolución que mejora un 2% respecto del 2011, la tasa de pendencia se establece en un 73%, 20 puntos por encima de lo que presentaba esta misma jurisdicción justo antes de iniciarse la crisis económica. O dicho de otro modo, se están señalando juicios a más de un año vista y en consecuencia hay un retraso considerable en las resoluciones judiciales. «Quiero remarcar que los datos deberían alarmar a los políticos, ya que esto supone que las personas que se encuentran sin trabajo tienen que esperar muchos meses para que se determine si el despido que han sufrido procede o no; o bien que no se les han abonado las cuantías a las que tienen derecho, por ejemplo «, afirmó el decano de los abogados de Barcelona.
Ejecuciones hipotecarias
Dentro de la jurisdicción civil, desde el inicio de la crisis hipotecaria en 2008, la actividad judicial ha tenido un incremento muy considerable debido a las ejecuciones hipotecarias, más de 400.000 se han registrado en España. La demarcación territorial del ICAB (que no es provincial) es donde hay más litigiosidad de toda Cataluña, dado que es donde se concentra mayor densidad de población y de capital inmobiliario. En este sentido, Yúfera ha destacado que la abogacía catalana ha sido pionera en hacer propuestas, ya en 2011, para intentar paliar esta situación. Propuestas que van desde reformas de la ley de enjuiciamiento civil, la creación de una ley de sobreendeudamiento familiar, pero también prestando servicios de asesoramiento a través de diferentes convenios.
Precisamente hoy, a las 10.30 h, se ha firmado un acuerdo entre el ICAB y la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, los consejos comarcales y el ayuntamiento de Berga para poner en marcha el Servicio de Intermediación sobre Deudas de la Vivienda en esta población. El servicio, que tiene como destinatarias a las personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca de la vivienda principal, se irá ofreciendo a través de 29 puntos de atención en toda la demarcación de Barcelona.
Ámbito penal: dato positivo en los juzgados de violencia sobre la mujer
En cuanto a la litigiosidad, que es el índice que mide el nivel de conflictividad judicial, el índice más elevado recae en la jurisdicción penal. Precisamente en el ámbito penal, cabe destacar, por una parte, la evolución a la baja de los juicios finalizados con conformidad, y por otro, la reducción y situación cada vez más «saneada» de los juzgados de violencia sobre la mujer respecto a los orígenes y puesta en marcha de estos juzgados. Después de la jurisdicción penal, el nivel de conflictividad más elevado está en el ámbito civil, seguido por el contencioso administrativo y finalmente el social.
El Informe sobre el Estado de la Justicia también muestra la preocupación del ICAB sobre algunas medidas legislativas que lejos de aportar soluciones pueden provocar más problemas. Así, en la reciente modificación de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita se otorga el beneficio de la justicia gratuita a unas determinadas víctimas a pesar de que tengan suficientes recursos económicos tanto en los procedimientos penales como civiles. «La protección a la víctima debe ser inmediata y efectiva desde el primer momento, pero no tiene por qué suponer la concesión automática de un beneficio que otros deben acreditar para poder obtener. En un momento de recursos muy limitados debería garantizarse el acceso a la justicia sin ningún tipo de restricción para aquellos que no tienen suficientes recursos económicos», ha declarado Yúfera.
Radiografía de la profesión
El Informe sobre el Estado de la Justicia incluye este año como novedad un capítulo sobre la Radiografía de la profesión, un estudio realizado por el ICAB a partir de una muestra con casi 2.500 abogados y que explica la realidad que están viviendo hoy día los colegiados de esta corporación. Se detalla el perfil de la abogacía barcelonesa: la estructura, la organización interna y los ingresos de los despachos, las especialidades de los abogados, el tipo de clientes, los datos sociológicos y demográficos de los profesionales, así como las tendencias y necesidades.
