Por Antonio Martinez, responsable del Area de Derecho Fiscal de Diaz-Bastién & Truán Abogados.

Durante el mes de junio las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía han manifestado su intención de aumentar la presión fiscal sobre los transportistas, incrementado el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos mediante el establecimiento de un tipo autonómico de 24 Euros por cada 1000 Litros.

Conviene recordar que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos fue creado en el año 2001 y que grava la venta de gasolinas y el gasóleo en fase minorista. El rendimiento de este impuesto está afecto a la financiación de los gastos de naturaleza sanitaria. La legalidad de este tributo está siendo cuestionada en estos momentos por la Comisión Europea hasta tal punto que el propio ejecutivo ha manifestado su intención de derogar el impuesto en la Propuesta de Acuerdo para la Reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Una vez que entre en vigor este incremento, Andalucía y Extremadura se convertirán junto con Cataluña y Castilla-La Mancha en las comunidades autónomas donde el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos resultará más gravoso para los transportistas. Bajando a la esfera política y, a partir de la entrada en vigor del los nuevos tipos autonómicos del impuesto, las comunidades autónomas con un mayor gravamen serán las gobernadas por el Partido Socialista –Andalucía, Extremadura, Principado de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha-. Las comunidades autónomas del Partido Popular donde se ha establecido un tipo autonómico son Galicia, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

A mi juicio, esta subida del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos va a afectar muy negativamente a las pequeñas y medianas empresas, ya que el citado impuesto se aplica por igual a todas las empresas, con independencia de su facturación. Además, esta subida no va a afectar únicamente a las empresas cuyo domicilio social se encuentre en Andalucía o Extremadura sino que va a afectar a todas aquellas empresas de transporte que circulen por las citadas comunidades, con independencia de donde radique su domicilio.

Considero además que el establecimiento de un tipo autonómico en la actualidad carece de sentido ya que todavía no se ha resuelto el procedimiento que tiene abierto España por la infracción de la normativa comunitaria. Si el tributo fuese finalmente declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas lo recaudado ahora tendría que devolverse más tarde con intereses de demora, con lo cual sería peor el remedio que la enfermedad. Lo más sensato sería esperar al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Hay también una evidente contradicción entre el Gobierno central que ha manifestado su intención de derogar el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, acatando el parecer de la Comisión Europea, y los gobiernos autonómicos.

Además, el incremento del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos lleva consigo otra subida impositiva para todas aquellas personas físicas y jurídicas que no pueden deducirse el IVA, como por ejemplo, las empresas dedicadas al transporte de enfermos que consumen una cantidad importante de combustible y no pueden deducirse el IVA soportado en la adquisición del carburante. No hay que olvidar que los tributos indirectos como el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos forman parte de la base imponible del IVA, por lo que, al incrementarse la base imponible con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, se incrementa el IVA soportado no deducible.

Tal y como está la situación económica, sería conveniente que tanto Andalucía como Extremadura bonificaran total o parcialmente la parte autonómica del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Esto ya ocurre en la actualidad en Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

En definitiva, estamos ante un nuevo incremento de la presión fiscal que va a afectar de manera importante al sector del transporte y que convendría reconsiderar, teniendo en cuenta que la legalidad del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos está siendo cuestionada por la Comisión Europea.

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