El Consejo General del Notariado (CGN) reclama un mayor control sobre la transmisión de acciones en sociedades anónimas no cotizadas, una recomendación formulada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2014 que, según la presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, aún permanece sin aplicar. La dirigente hizo estas declaraciones en el seminario organizado por el Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE) en el Colegio Notarial de Madrid sobre la detección y comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Barrio Del Olmo señaló que, tras el informe del GAFI, la transformación de sociedades de responsabilidad limitada en sociedades anónimas se incrementó un 74%, lo que facilita el anonimato en las transmisiones de acciones cuando no media intervención notarial. Subrayó la necesidad de transparencia para impedir que esa opacidad sirva de escudo a actividades ilícitas.
La presidenta puso en valor el trabajo del Notariado en la prevención: recordó que desde la creación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) en 2005 se han contestado por vía telemática 400.000 requerimientos de información, y afirmó que aproximadamente el 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que el Notariado remite al SEPBLAC terminan siendo judicializadas. Este volumen de respuestas convierte al OCP en uno de los pilares institucionales en la lucha contra el blanqueo.
Otro activo destacado por Barrio Del Olmo es el Índice Único Informatizado Notarial, considerado la segunda mayor base de datos de España. Alimentado por documentos notariales, el índice ofrece información veraz y actualizada sobre actos y titulares, y sirve de plataforma para dos herramientas clave: la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) y el registro de Personas con Responsabilidad Pública. La BDTR permite determinar en tiempo real el porcentaje de propiedad de una persona física en una sociedad, y, según la presidenta, fue decisiva para acreditar ante la Unión Europea la calidad de la información que posibilitó que España recibiera el primer tramo de los fondos Next Generation en 2021.
Desde Bruselas, la presidenta del CNUE, Cosita Delvaux, intervino por videoconferencia para advertir de que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo socavan la justicia, la seguridad y la confianza en el sistema legal. Delvaux subrayó el carácter transfronterizo y cambiante de estas amenazas y recordó que los notarios actúan como guardianes de la legalidad: verifican operaciones inmobiliarias y societarias, detectan anomalías y comunican cuando procede, tarea que consideró ética además de legal.
Pedro Comín, director del SEPBLAC, explicó que la información procedente de los notarios es muy útil: cuando existe una investigación abierta, se deriva a las fuerzas de seguridad o a la Agencia Tributaria; en otros casos, la información se incorpora a una base de inteligencia para realizar análisis estratégicos. El notario José Nieto detalló el protocolo interno: si un notario detecta indicios de riesgo vinculados a un documento, lo comunica al OCP, que asesora sobre la conveniencia de elevar la información al SEPBLAC.
La sesión incluyó perspectivas internacionales. El notario alemán Maximilian Wosgien señaló que Alemania no dispone de una base de datos similar a la española y que la creación de un registro comparable está en discusión gubernamental para facilitar el análisis y la detección de patrones. Francisco Córcoles, jefe de la Unidad de Análisis del SEPBLAC, recalcó que la inteligencia financiera tiene una finalidad preventiva: reducir la comisión de delitos mediante la identificación temprana de riesgos. El comandante Mario García, jefe del Subgrupo de Investigación Económica de la Guardia Civil, añadió que aparecen nuevas tendencias en la financiación del terrorismo, como el crowdfunding, los criptoactivos y el uso de inteligencia artificial para explorar vulnerabilidades.
Por la tarde, Mariano García Fresno, jefe de Análisis y Comunicación del OCP, presentó una batería de 28 indicadores de riesgo que orientan a los notarios sobre cuándo extremar precauciones y reportar operaciones sospechosas: uso de criptomonedas, poderes notarialmente atípicos, jurisdicciones de riesgo o la ausencia del supuesto actuante en la notaría, entre otros. Estos indicadores permiten filtrar y remitir al SEPBLAC los casos más relevantes; en ejercicios previos, varias comunicaciones cursadas por el Notariado han correspondido a investigaciones por financiación del terrorismo.
Francisco Martín, responsable de prevención de blanqueo de Anticipa, Aliseda Real Estate, destacó las similitudes entre los análisis del sector inmobiliario y la labor notarial. Para clausurar, Juan Kutz, presidente del Grupo de Trabajo AML del CNUE, alertó sobre el riesgo de anonimato en los criptoactivos —las direcciones no identifican a personas y no existe un órgano central de supervisión— y recordó que el grupo del CNUE se reúne periódicamente para intercambiar experiencias y mejorar prácticas en materia de prevención.
