Por Ana Garrote, abogada de Garrigues

*Articulo ganador del Certamen organizado con GAJ de Madrid

El camino hacia la mejora y modernización de la Administración de Justicia española es largo y sinuoso, pero no es intransitable. De entrada, porque somos muchos los que confiamos en ella, y los que tenemos la inmensa suerte de trabajar cada día con la ilusión de que la balanza se incline de nuestro lado.

La colaboración de todos es imprescindible.

Los abogados, sobre todo los más jóvenes, tenemos en nuestras manos una parte de la responsabilidad. Desde nuestros despachos, podemos empeñarnos en hacer escritos que, transmitiendo la misma solidez jurídica, sean menos extensos; o podemos poner ahínco en incentivar el uso de las nuevas tecnologías que sin duda agilizarían la Administración de Justicia, pero que aún miramos desde lejos y con recelo. Como colectivo, es nuestra responsabilidad hacer ver a las autoridades competentes que la modernización de la Justicia no es ningún desiderátum de adorno en cualquier programa electoral al uso, sino que es una necesidad, un imperativo impostergable que, cuando se haga efectivo, redundará en una fortificación del Estado de Derecho. Y en la relación con el cliente, nuestro buen juicio es decisivo: es nuestro deber (como siempre lo ha sido) informar a los clientes acerca de la viabilidad de sus reclamaciones, y evitar litigios quiméricos que, ni para la Administración de Justicia, ni para el justiciable, resultan rentables en ningún orden.

La interacción con los Jueces también juega un papel importante. En la aplicación que hacen de los cuerpos legislativos está la esencia de la Justicia. Los Jueces, como individuos independientes e imparciales, han de poder gestionar el escaso tiempo del que disponen, priorizando dentro de los límites de la igualdad, dirigiendo a quienes dependen de ellos, y expresando –con todo el ahínco que su posición les deje– cuáles son sus necesidades, dónde están las trabas, y qué les es preciso para que su tarea diaria no se convierta en una lucha de David contra miles de Goliats. Y somos los abogados más jóvenes, que tenemos el contacto diario con Sus Señorías, los que, en tanto sufridores de las muchas carencias de medios materiales y personales de los Juzgados, y desesperados ante la dilación de nuestros asuntos, tenemos que alzar las voces desde el estrado para identificar los problemas, bien que con el ánimo constructivo que toda tarea de modernización y mejora requiere.

Y el Consejo General del Poder Judicial debe también escuchar estas súplicas. La ciencia matemática al servicio de la Justicia puede ser un medio interesante para lograr mejoras. Las estadísticas de la carga de trabajo de los Juzgados, a efectos de un mejor reparto de los asuntos, son un ejemplo. Las aplicaciones informáticas avanzadas –que no dejan de ser matemática en su esencia más pura–, otro. Y la ordenación, enumeración, y sistematización de los asuntos por materias, a efectos de considerar la creación de Juzgados especializados y su número, uno más.

La tendencia hacia la especialización en todos los órdenes de la vida debe ser compartida también por Jueces y abogados; y los jóvenes, todavía estamos a tiempo. Los Juzgados de lo Mercantil, inundados de procedimientos concursales, ciertamente han nacido en tiempos difíciles. Pero la experiencia demuestra que la eficacia, salvo honrosas y admirables excepciones, es inversamente proporcional al temario que se abarca. Un buen cardiólogo podrá sin duda diagnosticar un enfisema, pero es igualmente indudable que a la hora de tratarlo resultará más conveniente confiar en los consejos de un neumólogo cualquiera.

Los poderes legislativo y ejecutivo son, en fin, la clave de la cuestión. En esta área los abogados jóvenes (a excepción de aquellos con legítimas aspiraciones políticas), poco podemos hacer. Salvo una labor de ariete y de despertar de conciencias: es imprescindible convencer a quienes nos gobiernan de que hay que dotar de medios al sistema judicial, hay que incrementar el número de Jueces y de trabajadores al servicio de la Administración de Justicia, y hay que incentivar la vocación de los recién licenciados para dedicarse a estas lides de servicio público. Y, desde luego, y en aras a lograr que todo ello sea una realidad, hay que incrementar la partida presupuestaria dedicada a la Justicia.

Decir esto en tiempos tortuosos de crisis, como los que nos ha tocado vivir, parece casi de locos. Pero con posturas escépticas nunca se ganó una batalla. Y la acción es la única reacción que cabe en momentos en que la tendencia a la parálisis hace peligrar el sistema.

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