La educación es uno de los pilares del Estado del bienestar y un derecho que debe ejercerse en igualdad de condiciones. Sin embargo, miles de familias en España siguen encontrando barreras económicas para cubrir los costes de materiales escolares básicos. Uno de los principales factores es la alta carga fiscal que soportan estos productos: cuadernos, lápices, gomas, bolígrafos o tijeras están sujetos al tipo general del 21% de IVA, muy por encima del 4% superreducido que se aplica a los libros de texto.
Esta diferencia de trato fiscal, que no responde a criterios pedagógicos ni de necesidad, supone un sobrecoste injustificado para las familias, especialmente las de rentas más bajas. Ante esta situación, Asociación del Sector de la Papelería (ASP) ha trasladado al Congreso de los Diputados la necesidad urgente de revisar la normativa vigente. La propuesta: que los productos escolares esenciales sean reconocidos como bienes de primera necesidad y tributen con un IVA reducido.
Encuentros con representantes parlamentarios
Esta reivindicación se ha hecho llegar al Congreso con una ronda de reuniones institucionales con representantes de varios grupos parlamentarios como Mª Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) ; Marc Lamuà, portavoz de la Comisión de Cultura; Amador Marqués, portavoz de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes; y Etna Estrems, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Actualmente, la responsabilidad de gestionar este tipo de ayudas recae en las comunidades autónomas, lo que ha dado lugar a una marcada disparidad territorial. Mientras algunas regiones han desarrollado programas de cobertura amplia, como Andalucía y Cantabria, otras ofrecen un acceso mucho más limitado, como Catalunya o Navarra, generando así desigualdades estructurales entre territorios. Las comunidades autónomas asumen la mayor parte de la financiación (85,7% del importe total), con 912,1 millones de euros, frente a los 152,4 millones (14,3%) aportados por el Ministerio.
Por otro lado, no existe una correlación directa entre el PIB o el gasto público en educación y el nivel de cobertura, lo que sugiere que factores como las prioridades políticas o la estructura de financiación local también influyen de forma determinante en la distribución de estas ayudas.
En el marco de estos encuentros parlamentarios, la Asociación trasladó a los diputados su preocupación por la ausencia de una política estatal que garantice la igualdad de acceso al material escolar. Los representantes parlamentarios se mostraron receptivos a la demanda y manifestaron su disposición a explorar vías legislativas que permitan revisar la actual fiscalidad. Asimismo, se acordó establecer una interlocución periódica con el fin de dar seguimiento a las iniciativas propuestas desde el sector.
Un esfuerzo desproporcionado para las familias más vulnerables
Las iniciativas de la Asociación se han centrado en visibilizar, a través de los datos recogidos en sus informes, el impacto económico que supone el material escolar para muchas familias, especialmente aquellas con menores ingresos. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, los hogares con rentas más bajas pueden llegar a destinar hasta un 2,73% de su presupuesto anual a la compra de estos productos, frente al 1% que representa para los hogares con mayor capacidad adquisitiva.
El gasto medio por alumno en centros públicos ronda los 281 euros anuales, mientras que en la red concertada y privada asciende a 432 euros. Aunque las diferencias más notables se observan en conceptos como uniformes o libros de texto, el peso del IVA sobre los artículos de papelería sigue siendo considerable, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un gasto básico, recurrente y necesario en todas las etapas educativas.
Comparativa europea: más carga y menos apoyo
Este documento también analiza el contexto europeo, donde, a pesar de que algunos países aplican tipos impositivos similares o incluso superiores al material escolar (como el 20% en Francia o Reino Unido), existen mecanismos para compensar a las familias, como deducciones fiscales, ayudas directas o distribución gratuita de material. En España, la ausencia de políticas públicas eficaces en este ámbito agrava las consecuencias de la actual fiscalidad, aumentando la presión sobre las economías domésticas.
“La medida es perfectamente viable desde el punto de vista técnico y fiscal. Lo que hace falta es voluntad política. Si queremos una educación verdaderamente equitativa, tenemos que empezar por garantizar el acceso igualitario a lo más básico”, señala Josep Buixeda, presidente de la ASP.
En el marco de su estrategia de incidencia, la ASP ha invitado a los representantes parlamentarios a asistir a su Convención Nacional, que tendrá lugar el próximo 16 de octubre. El evento reunirá a actores del sector educativo, representantes políticos y expertos en políticas públicas para debatir sobre el futuro del material escolar y su papel en el sistema educativo.
