El Tribunal Supremo ha confirmado, a través de dos sentencias hechas públicas hoy, sendas sanciones impuestas a Manuel Arce Lana, titular del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional, por llegar a acumular casi 500 sentencias pendientes de dictar. El alto tribunal ha dado la razón, así, a dos decisiones adoptadas en 2010 y 2012 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le suspendían cautelarmente y luego le sancionaban con 7 meses sin empleo y sueldo.
La inspección, que se realizó en 2010 a instancias del Presidente de la propia Audiencia Nacional, Ángel Juanes, constató que Arce contaba con un elevado número de procedimientos pendientes de dictar sentencia. Así, existían actuaciones desde enero de 2006 en procedimiento ordinario y desde junio de 2008 en procedimiento abreviado.
El Supremo ha confirmado ahora las sanciones ante la «insostenible situación» que presentaba juzgado y ha rechazado todas las alegaciones presentadas por el magistrado. Arce solicitaba la nulidad de la decisión del CGPJ al entender que el órgano «incurrió en vicio de nulidad y acordó la medida fuera del procedimiento establecido». Algo, que no ha sido aceptado por el Supremo, que además, ha tenido en cuenta que la situación no era episódica, sino que se venía prolongando a lo largo de un ampio periodo de tiempo.
«La motivación podrá ser parca, más no puede negarse sea suficiente para conocer las razones por las que el Consejo General del Poder Judicial atendiendo al informe de la Audiencia Nacional reputa oportuno procede a suspender al recurrente e incoar el expediente de incapacidad», añade la sentencia.
Con anterioridad a estas sanciones, el Tribunal Supremo ya había anulado una primera que se le impuso en 2009 a Arce también por retrasos debido a la «caducidad» del expediente que le abrió el CGPJ, al superarse los seis meses que fija la ley para su tramitación.
Además, en diciembre de 2008 el Tribunal Supremo anuló también por «caducidad» del expediente una sanción de 10.000 euros que le fue impuesta a Arce por trato desconsiderado hacia los funcionarios a su cargo y por sus continuos retrasos en su hora de llegada a las dependencias judiciales, que nunca era anterior a las dos de la tarde, según denunció la secretaria titular del juzgado y otros miembros del personal.
El CGPJ consideró acreditado, además, que el magistrado provocaba «mal ambiente» y «miedo» entre los funcionarios. El órgano de Gobierno de los jueces destacaba que Arce «gritaba al personal», daba «violentos puñetazos en la mesa», profería insultos como «feo», «gordo» o «calvo», amenazaba continuamente con la apertura de expedientes y obligaba al personal a llamarle «Señoría Ilustrísima».
