Grupo Paradell Consultores es una firma cuya actividad principal se orienta fundamentalmente a la prestación de servicios de investigación privada, investigación del fraude corporativo, seguridad informática, ciber investigación y asesoramiento legal. De esta forma su colaboración con los diferentes despachos de abogados es muy estrecha. Su principal objetivo es ayudar al empresario a generar valor y minimizar el riesgo. Como firma de profesionales ofrecemos un servicio integral de investigación en los ámbitos económico y financiero. Nuestra intención es ofrecer un conjunto de soluciones eficaces y asesoramiento en cada una de estas materias. Para Mariano Paradell, su consejero delegado “Nosotros somos una herramienta para el asesor jurídico. Somos el partner que recopilará las pruebas necesarias, realizará informes pre-judiciales y los ratificará ante los Tribunales para llevar a buen puerto el litigio. Nuestro principal objetivo es generar valor y minimizar el riesgo a nuestros clientes.”
¿Podría explicarnos que tipos de delitos nuevos han surgido con el auge de las nuevas tecnologías?
No son tan importantes los nuevos delitos tecnológicos que han surgido, como por ejemplo el acceso no autorizado a los sistemas de información, sino los delitos clásicos en los que se ven involucradas las nuevas tecnologías. Por poner un ejemplo, antes las personas que realizaban una fuga de información en una organización lo hacían fuera del horario laboral, en cajas y con papel físico, ahora lo hacen con una llave USB. También en extorsiones, amenazas, etcétera. Ahora se está utilizando el correo electrónico, SMS u otros medios tecnológicos para realizar el mismo delito.
En este contexto, parece clave la importancia de la prueba electrónica. Sin embargo ¿cuál es el principal inconveniente para que la prueba electrónica se acepte en los juzgados? ¿Qué habría que cambiar de la regulación actual?
La prueba electrónica es tan válida como cualquier otra siempre y cuando se respeten las reglas que marca la legislación: autenticidad, mantenimiento de la cadena de custodia, etcétera. Creemos que es vital en estos momentos unificar criterios a nivel mundial, ya que cada vez más vivimos en una sociedad globalizada y en el sector que nos movemos podemos encontrarnos casos donde un presunto delincuente reside en un país, utiliza sistemas de otro país y la presunta víctima es de un tercer país. Agilizar los procesos de recopilación de pruebas así como unificar criterios sería la mejor forma de evolucionar en estos momentos.
A su juicio, ¿en qué ámbito del derecho, laboral, civil o mercantil es más complicado incluir la prueba electrónica como elemento clave en estos litigios?
Probablemente en derecho civil, puesto que a menudo los sistemas informáticos son públicos y es más difícil y lento recopilar las pruebas electrónicas que en sistemas informáticos del ámbito empresarial y privado.
También en procesos laborales, ya que probablemente una de las partes es la propietaria y controla los sistemas de los que se deben extraer las pruebas electrónicas y es complicado demostrar que la prueba no ha podido ser manipulada si no se han tomado medidas con anterioridad a los hechos.
¿Por qué cree que no hay una unanimidad en los magistrados a la hora de tomar en serio la prueba electrónica como válida en determinados procesos?
Al ser una prueba muy técnica y a veces sin un soporte físico a menudo es difícil de explicar y entender por personas no iniciadas en el mundo de las nuevas tecnologías. Aquí nunca mejor dicho entra la pericia de los peritos que deben adecuar su lenguaje para que sea comprensible a los oídos de personas no técnicas y que aporten luz al caso y no lo contrario. También es muy importante probar que no ha sido contaminada, etcétera.
Cada juez tiene su manera de valorar la prueba electrónica, pero podemos afirmar que cada vez tiene más peso en los tribunales.
¿Cómo articula su trabajo una Agencia de Detectives como Paradell con el asesor jurídico? ¿Podría decirnos qué tipo de relación profesional llega a constituirse?
Nosotros somos una herramienta para el asesor jurídico. Somos el partner que recopilará las pruebas necesarias, realizará informes pre-judiciales y los ratificará ante los Tribunales para llevar a buen puerto el litigio. Nuestro principal objetivo es generar valor y minimizar el riesgo a nuestros clientes.
Ustedes aseguran que en los procesos de despidos que se están produciendo se roba información confidencial, ¿hay alguna receta o política preventiva para poder evitar estas fugas informativas?
Cualquier trabajador puede acceder, compartir y distribuir un gran volumen de información. Además el personal de la empresa es cada vez más móvil y con acceso a Internet de alta velocidad. Se puede afirmar que “la oficina está en cualquier lugar”. Por ello, cada vez es más difícil prevenir la pérdida de información confidencial, en especial por empleados autorizados.
Aunque la seguridad total no existe, con una serie de buenas prácticas podemos aumentar considerablemente el grado de seguridad en las organizaciones. Aunque “la receta total” viene de la mano de soluciones especializadas en prevención de fuga de datos. Estamos convencidos que será el producto estrella en los próximos años ya que debemos proteger el bien más preciado en las organizaciones: la información.
En este sentido, ¿cómo debe actuar la empresa a la hora de obtener pruebas digitales salvaguardando los derechos fundamentales de sus trabajadores? ¿Dónde está el límite entre fraude y respeto a estos derechos?
Es muy importante que los colaboradores de la organización conozcan los términos de uso de los sistemas informáticos de la organización: uso de Internet, correo electrónico, etc. También deben conocer que la organización puede y debe controlarlo para evitar fuga de datos. Se deben pues implementar medidas de control que no vulneren los derechos de los trabajadores y a su intimidad y ponerlos en conocimiento de los mismos. El empleador tiene derecho a controlar el uso de las herramientas y el tiempo de trabajo.
¿Cómo valora en este contexto el esfuerzo de la Admon por impulsar la llamada Sociedad de la Información? ¿Qué valor añadido aporta al jurista que su firma haya creado un área de seguridad informática?
La administración está haciendo grandes esfuerzos porque está convencida, al igual que nosotros, de que la Sociedad de la Información es el presente y el futuro de nuestra sociedad. Por poner un ejemplo, la creación de INTECO para ha supuesto un claro avance en el desarrollo de la Sociedad de la Información y está fomentando la implantación de la ISO 27001, concienciando sobre la importancia de la seguridad informática, formando a PYMES y ciudadanos, etc.
Grupo Paradell Consultores, gracias al equipo multidisciplinar que lo compone (detectives, economistas, peritos informáticos e industriales, grafólogos, etc.), permite a los juristas delegar en nosotros la recopilación de pruebas e indicios independientemente del soporte de los mismos en apoyo a contenciosos judiciales. Ofrecemos asesoramiento y un conjunto de soluciones eficaces que nos permiten prestar un servicio integral de investigación. Además poseemos la certificación ISO 9001:2000 que posibilita aprovechar la ventaja de una empresa que basa su gestión en la mejora continua de su sistema de calidad.
Derecho a la información frente al derecho a la intimidad, siendo España uno de los países con una legislación más restrictiva en protección de datos, ¿qué opinión tiene de esta cuestión?
La LOPD es totalmente necesaria en nuestra sociedad y además está en la línea de una correcta gestión de la información confidencial. Ahora bien, también es importante salvaguardar el patrimonio de la empresa y por tanto su información confidencial. El límite a menudo es complicado de determinar, pero debemos tener claro que las empresas generan puestos de trabajo y también se deben proteger ante usos indebidos por algunos de sus colaboradores. Tenemos que recordar que el 80% de casos de fuga de información es realizado por trabajadores o ex trabajadores y con acceso autorizado a la información.
Así pues, se deben implementar soluciones especializadas que no vulneren el derecho a la intimidad y protección de datos, pero que por otro lado protejan la información confidencial de las organizaciones. El mercado español aún es poco maduro en este sentido y falta concienciar a los equipos directivos de la importancia de proteger el patrimonio intelectual de las organizaciones para mantener la ventaja competitiva, evitar la competencia desleal, cumplir con las normativas vigentes, etcétera.
¿Por último, dénos su opinión sobre la situación de la justicia ¿Cómo debe avanzar para convertirse en servicio público?
La administración de Justicia para cumplir con su función social debe avanzar, sobre todo, en dos conceptos: eficacia y proximidad.
La Justicia actual no es suficientemente eficaz y ello es debido a dos motivos principales: su extremada lentitud y la falta de coordinación entre sus distintos estamentos. La excesiva rigidez en el procedimiento judicial provoca una elevada demora en la resolución de los casos, lo que comporta una pérdida de eficacia respecto a la finalidad de muchos procedimientos.
Respecto a la falta de coordinación entre los distintos departamentos de la Administración de Justicia es suficiente con repasar las noticias surgidas en los últimos meses (presos puestos en libertad por error, nula aplicación de las ejecuciones de sentencias… ).
El otro aspecto en que debe avanzar la Justicia es en la sensación de proximidad que debe sentir el ciudadano en su relación con la misma. Utilizamos el término proximidad, no en el sentido de la distancia, sino en que el ciudadano, que financia la administración de Justicia con sus impuestos, cuando acude a cualquier departamento de justicia no debe tener la sensación que se encuentra ante un ente abstracto y extraño para él, sino que debería percibir que la Justicia es un servicio que se le ofrece. Es un hecho que el ciudadano cuando acude a la Justicia tiene la sensación de estar obligado, no de ejercer un derecho. Baste apuntar que la ley considera una obligación de toda persona la cooperación con la Justicia, sin embargo cualquier persona que haya debido acudir a un juicio como testigo, no como profesional, salvo casos puntuales, no tendrá una buena opinión del sistema judicial, ya sea por los retrasos en las celebraciones de los juicios, por las constantes suspensiones…
A fin de conseguir esa eficacia y proximidad requeridas, es necesario que los presupuestos del Estado dediquen mayores esfuerzos para modernizar debidamente las infraestructuras judiciales. La informática utilizada por la Administración de Justicia es obsoleta y no permite la coordinación entre los distintos departamentos intervinientes, mejorando estos puntos se conseguiría una mayor eficacia, lo que devendría también en una mejora en la sensación de proximidad con el ciudadano.
