La digitalización ha colocado a los contratos tecnológicos en el centro de las empresas: desde las licencias de software hasta los servicios en la nube o la ciberseguridad. Pero cuando se redactan sin la atención legal adecuada, pueden convertirse en una fuente de conflictos, pérdidas millonarias y sanciones.
“Basta una cláusula ambigua o una laguna en protección de datos para abrir la puerta a litigios complejos y costosos. La técnica jurídica no es un extra, es una garantía”, advierte Antonio Pastor, abogado y socio de AF Legis.
Para Pastor, Los errores más habituales empiezan por las cláusulas demasiado genéricas: hablar de “mantenimiento IT” o “desarrollo de software” sin concretar plazos ni funciones abre la puerta a reclamaciones millonarias.
Otro problema frecuente es no limitar la responsabilidad en caso de fallos técnicos: una caída de servidor puede costar miles de euros por hora, y sin un tope en el contrato, la empresa proveedora podría tener que asumirlo todo.
El incumplimiento de la normativa de protección de datos es otro punto crítico para el abogado. La ley prevé sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio anual. También se suele descuidar los derechos propiedad industrial e intelectual: si el código de un programa no está protegido, puede ser usado por terceros, incluso competidores, sin defensa posible”, resalta Antonio Pastor.
Además, la nueva Directiva NIS 2 de la UE, que pronto entrará en vigor en España, exigirá a sectores como energía, salud o transporte incluir cláusulas más estrictas en materia de ciberseguridad. “Será imprescindible adaptarse cuanto antes o se incurrirá en un incumplimiento normativo con graves consecuencias”, señala Pastor.
Finalmente, muchas compañías olvidan prever fórmulas rápidas de resolución de conflictos como la mediación o el arbitraje. Sin ellas, un desacuerdo puede alargarse en pleitos que resultan caros y dañinos para la reputación empresarial.
“Evitar estos errores es vital. Los contratos tecnológicos no son simples papeles, son escudos legales que protegen la estabilidad jurídica, económica y reputacional de la empresa. Y para eso es imprescindible el asesoramiento especializado”, concluye Pastor.
