Si algo ha quedado claro en los últimos años es que la factura electrónica es más que un “papel digital”: se trata de un cambio de paradigma que transforma la forma en que las empresas gestionan su negocio, sus relaciones con proveedores y, sobre todo, su cumplimiento fiscal. En Europa, este cambio está tomando velocidad de crucero con el proyecto ViDA (VAT in the Digital Age), que busca unificar los criterios de facturación y reporte de IVA en la Unión Europea.
ViDA tiene como objetivo que las empresas trabajen con un lenguaje fiscal común, transparente y casi en tiempo real. Esto implica facturas estructuradas, reportes inmediatos de operaciones transfronterizas y registros fiscales más claros. Para muchos puede sonar burocrático, pero en la práctica facilita la gestión, reduce errores y acorta retrasos, convirtiéndose en un aliado de la eficiencia interna.
España no se queda atrás. Con la Ley Crea y Crece y sistemas como Verifactu, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, nuestro país ya acumula experiencia en digitalización fiscal. El XII Estudio de Facturación Electrónica en España 2024 de SERES refleja el impacto de ambas iniciativas en la digitalización de la facturación y el reporte fiscal en las empresas, superando los 557 millones de facturas electrónicas emitidas en 2024, un 21% más respecto al año anterior. Gracias al Suministro Inmediato de Información (SII), muchas empresas ya tiempo adaptadas al uso de la factura electrónica, lo que las coloca a la vanguardia en Europa en este ámbito.
Sin embargo, el panorama europeo es un mosaico regulatorio. Italia lleva también ventaja con la factura electrónica obligatoria, mientras que Alemania y Francia se preparan para implementarla en 2026, y Portugal mantiene también su propio sistema. Esta diversidad obliga a las empresas internacionales a contar con soluciones flexibles que integren compras, ventas y reporting fiscal de manera segura y sencilla. Por ello, la interoperabilidad tecnológica deja de ser opcional para ser un requisito estratégico con el que competir.
Pero esta adaptabilidad tiene beneficios claros que van mucho más allá del cumplimiento legal: el uso de la factura electrónica reduce errores, acelera pagos y genera transparencia con clientes y proveedores. Según nuestro estudio, en 2024 se evitó el uso de papel equivalente a 31.117 pinos, se ahorraron más de 4.300 millones de euros y el tiempo manual reducido equivale a 1.194 años laborales. Estos números no son abstractos: se traducen en procesos más ágiles, equipos financieros más liberados para tareas estratégicas y relaciones comerciales más fluidas.
Para las empresas, tanto ViDA como la Ley Crea y Crece representan una oportunidad para replantear procesos y adelantarse a un entorno europeo cada vez más digital. Invertir en tecnología interoperable, planificar la transición y tratar la factura electrónica como un proceso vivo permite que cada empresa mejore su eficiencia, reduzca riesgos y fortalezca su posición competitiva.
Además, pensar en digitalización fiscal como un proyecto integral facilita la gestión de proveedores y clientes, creando flujos de información más transparentes y trazables. Esta transformación no tiene por qué limitarse al cumplimiento de la ley cuando es un paso hacia la modernización completa de los procesos administrativos y financieros, que permite alinear tanto tu estrategia como operación de manera tangible.
Europa avanza y España parte con ventaja. Adaptarse puede traducirse en términos de eficiencia, seguridad y competitividad. Ya no solo es cumplir con la ley, sino anticiparse y saber responder al mercado global.
Sobre el autor
Por Alberto Redondo, director de Marketing y Mass Market para Iberia & Latam de SERES
