“Estamos ante la reforma procesal más importante de los últimos 100 años en España”, afirmó ayer Alberto Ruiz-Gallardón en referencia a la propuesta de Código Procesal Penal elaborada por su equipo para sustituir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1982. El ministro de Justicia afirmó que con el objetivo de hacer una reforma duradera, que no sea flor de “una o varias legislaturas”, buscará el mayor conceso posible con todos los agentes jurídicos y con el resto de partidos políticos.
El pistoletazo para debatir el nuevo Código Procesal Penal, comenzó ayer con una acto en el Centro de Estudios Jurídicos, en el que se dieron cita, además de Ruiz-Gallardón, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y donde tuvo lugar una mesa redonda moderada por el periodista y abogado, José Antonio Zarzalejos e integrada por los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena y Antonio del Moral, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo y el socio director del departamento de Derecho Penal del despacho Martínez-Echevarría, Ignacio Gordillo.
Gallardón insistió en la importancia de que haya un “debate social” amplio sobre tan importante reforma, “necesaria” para España, tarea que no se debe posponer pese a los momentos económicos difíciles que vive el país. Es más, el titular de Justicia afirmó que un buen sistema judicial es la mejor imagen que puede dar España en el exterior. La voluntad del Gobierno es tener listo un anteproyecto de ley entre octubre y noviembre. Después, tendrá lugar un debate con los grupos parlamentarios amplio, con el intento de consensuar la norma lo más posible.
Entre las novedades que recogerá la reforma, Gallardón destacó ayer que el plazo máximo para que un agente ponga a un detenido en libertad o pase a disposición de la autoridad judicial se reduzca a un máximo de 24 horas, frente a las 72 que marca la actual ley, eso sí sin incluir los casos de terrorismo. Además se limitará a un máximo de 36 meses la fase de instrucción.
El ministro de Justicia insistió ayer en su conferencia en que el eje fundamental de la reforma se basa en que la investigación penal quede en manos del Ministerio Público, una competencia en la no habría «ningún riesgo» de una posible «intervención política», aseguró.
Además, el nuevo Código otorgará la dirección de la investigación judicial al fiscal, quien estará bajo la tutela de un juez de garantías y se podrán imputar provisionalmente a los cargos públicos inmersos en causas penales. Cambian también los términos. Lo que actualmente llamamos Ley de Enjuiciamiento Criminal pasará a denominarse Código Procesal Penal; por su parte lo que hoy se conoce como “imputado” pasará a llamarse «encausado», con el objetivo de eliminar su carga peyorativa.
Horas antes, ayer por la mañana, en el Congreso de los Diputados, el ministro afirmó que «en ningún caso» el Gobierno establecerá medidas que limiten el derecho de información en la futura normativa penal; desde su departamento, además, aseguran que no se contemplan sanciones a medios de comunicación que publiquen información que esté bajo secreto de sumario.
Por su parte, el ministro de Interior, garantizó ayer la colaboración de su equipo en la renovación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma “constructiva” y al mismo tiempo “critica” y recordó que la policía judicial en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil son una parte activa en el proceso penal. “La colaboración entre Interior y Justicia se viene produciendo desde hace meses”, aseveró.
