Día intenso de reuniones el del actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardon. Si a primera hora de la mañana comparecía en «Los Desayunos de TVE» para explicar a los televidentes las claves de su gestión en los próximos cuatro años y matizar aspectos sobre la prisión permanente revisable; la nueva Ley del Aborto o el copago, así como la despolitización de la justicia, al volver al sistema de nombramientos de vocales del CGPJ originario en nuestra Constitución, con posterioridad mantenía dos reuniones de gran interés con  Angeles Pedraza, presidenta de la AVT  (Asociación de Víctimas del Terrorismo) y más tarde recibía a la plana mayor del Consejo del Notariado formada por el vicepresidentes Joan Olle y decano del Colegio de Madrid,   Ignacio Solis (en la foto de izda a derecha) y el propio presidente de este gremio Manuel Pardiñas que aparece saludando al Ministro en esta instantánea

Sobre el encuentro con la AVT, Gallardón transmitió a su presidenta el compromiso del Gobierno “para regular, en un capítulo especial, dentro del ‘Estatuto dela Víctima’, la singularidad de las víctimas del terrorismo”.

 Tras este encuentro,  Ruiz-Gallardón adelantó que el Ejecutivo pretende realizar modificaciones tanto respecto a la “lejanía que la víctima tenía en los momentos procesales” como “en la ejecución de la condena, en el seguimiento de la situación penitenciaria o en la información preceptiva sobre cualquier medida de gracia que el Gobierno pudiera otorgar”. En este sentido, volvio a recordar que en nuestro ordenamiento jurídico no contempla ni amnistías ni indultos con carácter general.

El ministro de Justicia asumió la petición dela AVTpara que la ‘Oficina de Atención a las Víctimas del terrorismo’ dela Audiencia Nacional acometa una “reconsideración  y mejora de su funcionamiento” y se comprometió a trasladar al Fiscal General del Estado la necesidad de impulsar el trabajo para conocer en qué fase se encuentran 46 casos concretos, que afectan a 52 víctimas y de los que no existen antecedentes documentales en la Fiscalía sobre la incoación del oportuno procedimiento y, por tanto, sobre la resolución finalmente adoptada.

Reunion con el Consejo del Notariado

Al filo de la una de la tarde, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón mantenia otra reunión al mas alto nivel, la primera que tiene lugar con un colectivo profesional especifico en el mes que lleva como titular de esta cartera. Fue el encuentro con el Consejo del Notariado, representado por Manuel López Pardiñas y Joan Carles Ollé, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo General del Notariado, e Ignacio Solís, decano del Colegio Notarial de Madrid. El ministro estuvo acompañado por el subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo Rivera, y el director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández.

Los representantes de los más de 3.000 notarios existentes en nuestro país, que se reparten por todo el territorio nacional, felicitaron en nombre del colectivo notarial a los máximos responsables de Justicia por su reciente nombramiento, y les ofrecieron la colaboración del Notariado en todo lo que pudieran necesitar.

Asimismo, en línea con lo propuesto por el Ministro en diversas comparecencias,  les informaron de la disposición de los notarios para asumir nuevas funciones en materia de jurisdicción voluntaria, arbitraje y mediación, tanto para prevenir futuros conflictos que pudieran derivar en la vía judicial, como para contribuir, en la medida de lo posible, a descongestionar los tribunales

Los responsables del Consejo General han reiterado ante las nuevas autoridades del Ministerio la importancia de que se reconozco por Ley el control de legalidad que ejercen los notarios, cuestión que puso en tela de juicio el Tribunal Supremo en una sentencia de 2008, al anular varios preceptos de la reforma del Reglamento Notarial aprobada en 2007.

También les informaron  de la difícil situación que atraviesan las notarías española, gravemente dañadas por la crisis económica, lo que afecta a los 3.000 notarios españoles y a los más de 16.000 empleados que trabajan en ellas. Los ingresos de las notarías descendieron  desde enero de 2007 en más de un 70 por cierto, por lo que, si no se adoptan medidas, podría ponerse en peligro la viabilidad del sistema notarial, que se financia íntegramente con los aranceles notariales que pagan los usuarios del mismo, sin cargo alguno para los presupuestos del Estado.

El lector de DIARIOJURIDICO puede ampliar esta información consultando la entrevista      http://bit.ly/z77641 que hicimos a Joan Ollé en Madrid en el otoño pasado donde quedan reflejadas de forma clara las reivindicaciones y preocupaciones de este colectivo profesional. En ella queda claro su apuesta por tener una mayor presencia como sujetos activos tanto en la Jurisdicción Voluntaria como en el desarrollo del arbitraje y mediación.

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