Reunión maratoniana en el Palacio de Parcent, una de las sedes madrileñas del Ministerio de Justicia, donde la Conferencia Sectorial, a la que fue invitada una comisión del CGPJ y del Consejo Fiscal para hablar de la interoperabilidad del sistema, ha tenido lugar con presencia de todos los Consejeros autonómicos con competencias transferidas. En un clima enrarecido por la noticia del abandono de Rodrigo Rato de la entidad financiera y las declaraciones de Antonio Basagoiti, presidente del PP en el País Vasco, sobre la necesidad de hacer un adelanto electoral  en esta comunidad autónoma,  cuestiones que se le plantearon al Ministro y que de forma evidente,eludio, el titular de Justicia  y los doce Consejeros representantes de otras tantas autonomías con competencias transferidas en esta materia,  debatieron largo y tendido sobre diversos temas todos ellos claves para impulsar la reforma de nuestra justicia

Al filo de las tres de la tarde de ayer, comparecía el Ministro Gallardon, flanqueado por parte de su equipo de trabajo, para dar cuenta de las incidencias de esta “cumbre jurídica”. El ministro volvió a apelar al diálogo y al consenso y dejó claro que se pondrán en marcha diversos grupos de trabajo, uno sobre el tema tecnológico; otros sobre Justicia Gratuita, LOPJ y Ley de Planta de cara a consensuar las reformas. Sobre la mesa, la reforma de los partidos judiciales, una iniciativa de actualidad por el documento que el CGPJ dio a conocer la semana pasada, y sobre la que no hay coincidencia en las opiniones de los consejeros de justicia allí reunidos

Es evidente que el documento del CGPJ, consultivo y orientativo, tal y como dejó claro Gallardón ha sembrado de incertidumbre a muchas comunidades autónomas. Esa rebaja importante de partidos judiciales que plantea los jueces, a través de su órgano más representativo, no concuerda con muchas de las aspiraciones de algunas comunidades, todas ellas acometieron inversiones importantes y no ven claro ese cambio que plantea el máximo organismo de los jueces.

Ser Interoperables

Esta es una de las principales preocupaciones del Ministro y su equipo de trabajo, desde que asumiera esta Cartera de Justicia el pasado mes de diciembre (ver foto archivo toma posesión equipo del ministro). Según reveló en su intervención, una de sus miras está en que  los ocho sistemas que existen telemáticos en nuestro país puedan llegar a conectarse entre sí. “Creo que todos los asistentes han dejado claro que hay que caminar en la misma senda en este terreno”, afirmó. A este efecto se constituye  con la colaboración del CGPJ el Comité Técnico de la Administración de Justicia   el Comité Técnico Estatal de la Administración judicial electrónica, previsto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que nunca llegó a crearse.

Esta colaboración formaba parte del convenio firmado entre ambas instituciones para el establecimiento del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (Ejis), que permitirá la interoperabilidad entre los distintos juzgados españoles, para lo que será imprescindible la colaboración de las CCAA con competencias transferidas.para supervisar que cualquier cambio que se haga, lo sea en función de la compatibilidad antes mencionada.

A lo largo de la mañana el Ministro fue explicando, tal y como hizo hace unos meses en la Comisión de Justicia del Congreso a los asistentes las reformas pensadas y las modificaciones legislativas. Dio cuenta de las comisiones creadas para modificar la LOPJ, la Ley de Planta y Demarcación y la LECRIM, “Es fundamental el dia´logo con las comunidades autónomas y conocer qué necesidades tienen,” indicó.

En cuanto a la interoperabilidad con otras Administraciones o con los agentes jurídicos, el Ministerio y el Consejo han decidido repartirse las iniciativas. Así, lo relativo a asistencia jurídica gratuita corresponderá a Justicia que, en colaboración con las CCAA interesadas, desarrollará la interconexión con el Consejo General de la Abogacía Española a través de Lexnet (sistema de intercambio de documentos firmados electrónicamente entre la Administración de Justicia y los operadores judiciales) y Ejis.

La integración con Instituciones Penitenciarias corresponderá al Consejo y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a Justicia, que también se ocupará de lograr la tramitación de exhortos mediante Lexnet, aunque, de forma transitoria, se seguirá utilizando el Punto Neutro Judicial desplegado por el Consejo

Un nuevo modelo de justicia gratuita

Sobre las tasas judicales mostró la casi unanimidad de los convocados presentes a esta medida que pretende ayudar a financiar la justicia gratuita. Y volvió, el Ministro Gallardón, a recordar que está pendiente una reforma de este sistema de acceso, reforma que se hará con la ayuda de las propias Comunidades Autónomas a través de otro grupo de trabajo. “Gracias a las tasas en un momento de crisis como el actual, podremos salvaguardar la tutela judicial efectica de aquellos ciudadanos con menos recursos”, señaló.

Con el fin de evitar el fraude en el acceso a este servicio, el Ministerio ha expuesto a las CCAA la necesidad de establecer unos protocolos de actuación uniformes en todas las administraciones. El umbral mínimo para acceder a estos servicios seguirá siendo el mismo, pero se determinarán los supuestos en los que puede solicitarse para acabar con las disfuncionalidades detectadas. Además, se estudiarán fórmulas para acreditar el derecho a la justicia gratuita, como la presentación de un certificado de la declaración de la renta.

Asimismo, el Ministerio ha comunicado a los consejeros que se compromete a asumir la financiación directa de la asistencia gratuita a través de lo recaudado con las tasas, haciendo partícipes a las comunidades de estos ingresos, de forma que puedan destinar su presupuesto a otras partidas de justicia.

También se anunció que habrá otros dos grupos de trabajos; uno sobre la Oficina Judicial, para reconducir esta iniciativa de la que el propio Gallardón recordó que es necesaria, pero hay que enfocarla de nuevo bajo otras directrices. Y otro, a petición de las propias Comunidades autónomas para la gestión de los RRHH, de tal forma que puedan ir ampliando de forma progresiva las competencias en esa materia. El Ministro es consciente que cuando el modelo de modernización de justicia esté operativo se podrá calcular qué personal es necesario en cada una de las Comunidades Autónomas con competencia transferidas.

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