Por Gloria Hernández Aler y Sara Gutiérrez Campiña; Directora y gerente del área de Derecho Regulatorio Financiero de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios.

El pasado 19 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 2/2011, para el reforzamiento del sistema financiero (“Real Decreto-ley”). Sin duda, la principal novedad del Real Decreto-ley, dejando a parte la modificación del régimen jurídico del FROB que si bien muy relevante es un aspecto coyuntural, es la de fijar unos ratios de capital principal diferentes para las entidades de crédito (del 8% y 10%) dependiendo del nivel de financiación mayorista y participación de terceros en el capital. Esta diferenciación -recordemos que la naturaleza jurídica de las Cajas dificulta la participación de terceros- así como algunas otras de las medidas introducidas, como que las ayudas del FROB únicamente puedan consistir la adquisición de acciones ordinarias o aportaciones al capital, vienen a incentivar la “bancarización” de las Cajas de Ahorros.

Esta “bancarización” ha de producirse adicionalmente en un periodo de tiempo realmente ajustado. El Real Decreto-ley establece como fecha inicial para cumplir los nuevos ratios de capital el 10 de marzo de 2011, no obstante, aquellas entidades que en esa fecha no los cumplan deberán, en un plazo de 15 días hábiles, esto es, el 28 de marzo de 2011, presentar al Banco de España un Plan de Cumplimiento en el que definan su estrategia privada para alcanzar los nuevos mínimos u optar bien por acudir al FROB presentando el oportuno Plan de Recapitalización.

El Plan de Cumplimiento deberá ser cumplido antes del 30 de septiembre de 2011. Se prevé la posibilidad de solicitar una prórroga al Banco de España si, por cuestiones relacionadas con las operaciones y trámites que deban llevarse a cabo, alguna entidad previera no poder llegar a este plazo. La prórroga no podrá ser de más de tres meses, esto es, hasta el 30 de diciembre de 2011. Finalmente, si el Plan de Cumplimiento prevé la salida a bolsa, el Banco de España puede prorrogar la ejecución de la salida efectiva a cotización hasta el primer trimestre de 2012, siempre que el acuerdo de admisión a negociación de las acciones y la cuantía de la emisión se adopte antes del 30 de septiembre de 2011.

Por ello en unos meses es previsible que un número relevante de Cajas de Ahorro bien se transformen en bancos -que a su vez salgan a cotizar a bolsa o busquen por vías alternativas terceros inversores en el capital-, o queden estructuradas como vehículos instrumentales, fundaciones de carácter especial en algunos casos, ejerciendo su actividad financiera a través de un banco. Y todo lo anterior en menos de un año, lo que parece un plazo temporal muy corto para cambiar el mapa nacional de unas entidades que llevaban operando en nuestro país más de 100 años con importantes contribuciones no sólo a la práctica bancaria sino también al desarrollo social de las regiones, a la evitación de la exclusión financiera y ofreciendo un importante apoyo al desarrollo empresarial de las Comunidades Autónomas.

El fundamento último del Real Decreto-ley se encuentra en que las particularidades de la naturaleza jurídica de las Cajas hacen su funcionamiento poco comprensible para los inversores institucionales internacionales y dificultan la búsqueda de financiación y captación de recursos. Estamos de acuerdo con estas afirmaciones si bien es de lamentar que se haya esperado hasta la situación actual para acometer unas medidas que, en aras a la gravedad de la situación económica que atravesamos, pueden determinar a la postre la practica desaparición de estos importantes actores de nuestra actividad financiera.

Recordemos que ya en el año 2005, el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) había advertido al Estado Español de buena parte de las debilidades de las Cajas de Ahorro que ahora trata de remediar de forma drástica el Real Decreto-ley -si bien el FMI junto con las debilidades apuntadas también ponía de manifiesto importantes virtudes del modelo de nuestras Cajas-. Sin embargo, desde el año 2005 pocos avances se han realizado por parte de los poderes públicos y se ha mantenido por el contrario una regulación de las Cajas en la LORCA que permitía ingerencias políticas y dificultaba la gestión profesional de las mismas.

Uno de los aspectos que ya habían sido señalados por el FMI, junto con las dificultades para captar capitales de las Cajas, es el de la necesidad de mejorar el gobierno corporativo y profesionalizar sus órganos de gobierno; esta recomendación se atendió recientemente y de forma parcial en la última reforma de la LORCA. El Real Decreto-ley también aborda aspectos de gobierno corporativo, estableciendo de una parte la posibilidad de que Banco de España pueda limitar las retribuciones variables de consejeros y directivos de entidades de crédito que se desvíen de los nuevos ratios de capital y, de otra, que las entidades que soliciten apoyos al FROB deberán cumplir con determinadas buenas prácticas de gobierno corporativo. Los aspectos concretos que han de cumplir necesariamente son:

-Contar con un Consejo de Administración con un número de miembros no inferior a 5 ni superior a 15,
-Contar con al menos un tercio de consejeros independientes,
-Que los consejeros externos, dominicales e independientes constituyan la mayoría del Consejo de Administración,
-Pimitación de permanencia a los consejeros independientes a 12 años,
-Publicar en la web información sobre los consejeros,
-Contar con una Comisión, o dos separadas, de Nombramientos y Retribuciones.

Estas exigencias suponen convertir en norma imperativa ciertas recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo (“CUBG”) para aquellas entidades que reciban fondos del FROB. El hecho de que se impongan las recomendaciones como imperativas es una novedad relevante, en el sentido que para estas entidades no se seguirá el principio de “cumplir o explicar” propio hasta la fecha del gobierno corporativo, sino el de necesariamente cumplir.

En definitiva el nuevo Real Decreto-Ley es una regulación que contiene medidas llamadas a remediar de manera urgente y en un corto periodo de tiempo debilidades de las Cajas de Ahorro que si bien es cierto que han mostrado su cara menos amable como consecuencia de la crisis financiera, no es menos cierto que ya se conocían desde hace tiempo. La celeridad y carácter directo o ingerente de las medidas introducidas que avocan hacia una “bancarización” tendrá un impacto sin precedentes en el mapa local de las entidades financieras y es de lamentar que disposiciones tan relevantes se hayan promulgado sin llevar a efecto un estudio más pausado del coste beneficio, no sólo a corto plazo o en términos de la coyuntura actual, sino también a medio y largo plazo.

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