1 – Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias acepten sus demandas.

2 – Reclaman la instauración de la nueva oficina judicial, sobre la que existe una ley desde 2003 que no se ha desarrollado; la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y la actualización de la ley de retribuciones que el Gobierno pactó con los jueces en 2003, que tampoco se ha cumplido.

3 – Los jueces piden un incremento del presupuesto dedicado a Justicia hasta alcanzar el 3% del PIB, una ratio de jueces similar a la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes (actualmente es de 10 por cada 100.000 habitantes) y mantener la facultad de señalar las vistas y juicios, que el Gobierno quiere entregar a los secretarios judiciales, que dependen del Ejecutivo.

4 – Solicitan, además, un incremento de las plazas judiciales mediante la convocatoria de, al menos, 250 plazas judiciales anuales durante un periodo de cinco años.

5 – La huelga también es fruto del malestar del colectivo que generó la presión del Gobierno para que el Consejo General del Poder Judicial sancionara duramente al juez de Sevilla Rafael Tirado por su retraso en encarcelar a un pederasta, presunto asesino de una niña.

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