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ueces para la Democracia (JpD) ha mostrado su rechazo al proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que, entre otras cosas, recoge la posibilidad de que los matrimonios se puedan celebrar ante notario y que los ciudadanos puedan acudir a éste en casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
Así, según el proyecto de ley aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, los matrimonios podrán celebrarse ante notario además de por la Iglesia, en los ayuntamientos y los registros civiles. Asimismo, los ciudadanos podrán acudir al juzgado o al notario en casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores de edad ni personas incapaces.
Para la asociación judicial, «no resulta justificado que se puedan tramitar matrimonios y divorcios ante notario, previo pago de aranceles». De hecho, considera que el texto remitido al Parlamento es «un paso más en la privatización de la Justicia».
Jueces para la Democracia también se muestra contrario a que el proyecto de ley «traslade la competencia de los juzgados a las oficinas notariales» para realizar los expedientes sobre declaración de herederos cuando no haya testamento y la protocolización de los testamentos manuscritos o los otorgados verbalmente.
El Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria se fundamenta en que los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles son profesionales que reúnen la condición de juristas y de garantes de la fe pública; por lo tanto, tienen capacidad para actuar, con plena efectividad y sin merma de garantías, en algunos de los actos de jurisdicción voluntaria atribuidos a los Jueces, un aumento de competencia con el que no están de acuerdo buena parte del sector judicial.
“Con esta iniciativa el colectivo profesional que sale beneficiado es el Notariado y no el conjunto de la población”, afirma Jueces para la Democracia, quien entiende que «nuevamente nos encontramos con una perspectiva de desmantelamiento de nuestras instituciones públicas que no está motivada por ninguna mejora para la sociedad y que cuenta con beneficiarios muy concretos», afirma la asociación.
Asimismo, Jueces para la Democracia creen que los nuevos trámites notariales «se realizarán con menores garantías para la ciudadanía que los existentes actualmente en los procedimientos judiciales». Además, destaca que los ciudadanos tendrán que pagar por unas acciones «se llevan a cabo en el marco del servicio público» y «ahora» se pretenden privatizar.
«En los supuestos opcionales nos encontraremos a una Justicia a dos velocidades: una rápida para quienes puedan pagársela y otra cada vez más lenta para la mayoría de la sociedad, a causa de los recortes que sigue aplicando el Gobierno en la administración de justicia», añade la asociación.
La mayoría de los jueces tampoco cree que la facultad otorgada a los notarios para casar y disolver algunos matrimonios no servirá para descongestionar los juzgados españoles, como ha anunciado el Ministro Gallardón.
