Juezas y Jueces para la Democracia ha manifestado su profunda preocupación ante la reforma en tramitación del Código Penal que pretende endurecer las penas por multirreincidencia en delitos leves de hurto y estafa. La asociación considera que la iniciativa supone un retroceso en los principios de proporcionalidad y reinserción que deben orientar el sistema penal.
El aumento de las penas de prisión para hurtos y estafas cuya cuantía no supera los 400 euros, sostienen, no aborda las causas estructurales de la delincuencia de baja intensidad. La experiencia tras la reforma de 2022 —que endureció el tratamiento de los hurtos multirreincidentes cuando la cuantía excede los 400 euros y existen al menos tres condenas previas— demuestra que el incremento punitivo, por sí solo, no tiene un efecto disuasorio real. Desde su aprobación, recuerdan, los hurtos han aumentado más de un 20%.
Elevar hasta tres años de prisión conductas que individualmente están calificadas como de escasa gravedad supone, a su juicio, una vulneración del principio de proporcionalidad y una quiebra de la coherencia interna del sistema penal. Además, advierten de que la reforma podría saturar los juzgados con procedimientos más largos y complejos para hechos de menor entidad, comprometiendo la agilidad necesaria para enjuiciar delitos graves y favoreciendo el riesgo de colapso en algunos órganos judiciales.
La asociación sostiene que la respuesta a la multirreincidencia no pasa exclusivamente por el endurecimiento de las penas, sino por reforzar los recursos materiales y humanos que permitan una detección, verificación y enjuiciamiento más ágil de estos supuestos.
Asimismo, recuerdan que España presenta una de las tasas de población reclusa más elevadas de la Unión Europea, pese a contar con uno de los índices de delincuencia más bajos. En este contexto, alertan de que las reformas de carácter punitivo suelen impactar con mayor intensidad en los sectores más vulnerables, desplazando las políticas sociales y de prevención hacia un enfoque predominantemente policial y sancionador, con el riesgo de derivar en una criminalización de la pobreza.
Por todo ello, Juezas y Jueces para la Democracia insta a los poderes públicos a abandonar lo que califica como “populismo punitivo” y a apostar por una justicia reparadora y eficaz, dotada de los medios necesarios para ofrecer respuestas ágiles sin renunciar a los valores democráticos y garantistas consagrados en la Constitución.
