Miles de personas se manifestaron el pasado sábado por el centro de Madrid, convocados por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT y el Consejo de Consumidores y Usuarios -agrupados en la Plataforma ‘Justicia para Todos’-, para pedir la retirada del denominado ‘tasazo judicial’ y, con ella, la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Los manifestantes también criticaron que se estaba «privatizando» el Registro Civil y reivindicaron la creación de un «amplio pacto de Estado» en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una «nueva administración de Justicia» y facilitar el acceso a la jurisdicción a todos los ciudadanos.

Por su parte, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó, el pasado 17 de enero, un nuevo manifiesto sobre la aplicación de las tasas judiciales. Según el escrito, la Ley de tasas ya está produciendo «violaciones del derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada por la Constitución».

A continuación se reproduce el manifiesto firmado por el CGAE:

«1.- La Abogacía española reitera, una vez más, su rechazo a la Ley de Tasas, por su clara y evidente inconstitucionalidad, denunciando que ya se están produciendo violaciones del derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada por la Constitución y denuncia que recientes leyes aprobadas, como Ley orgánica 8 /2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que elimina prácticamente la figura de los jueces sustitutos, agrava aún más el problema de nuestra denostada Administración de Justicia.

2.- Rechaza el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita en cuanto pretende enmendar, en parte, el craso error producido por la Ley de Tasas, destruyendo el equilibrio normativo que exige el Estado de Derecho.

3.- Reitera que seguirá con las acciones iniciadas en contra de la Ley y de los actos normativos de desarrollo, como es la Orden del Ministerio de Hacienda por el que se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa planteando los recursos judiciales que estén a su alcance o instando, ante cuantos estén legitimados para ello, la interposición del pertinente recurso de inconstitucionalidad.

4.- Insiste en la necesidad de que, por parte del ejecutivo, se tenga en cuenta, en el proceso de elaboración de las normas, la voz y las aportaciones que desde colectivos como la Abogacía se pueden hacer a las tan importantes como desastrosas reformas emprendidas, tanto en el ámbito de la Justicia, como en el de los Servicios Profesionales.

5.- Demanda respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial, apoyando en unidad de acción las justas reivindicaciones de la Comisión lnterasociativa que agrupa a las Asociaciones de Jueces y Fiscales, así como las movilizaciones acordadas».

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