El Consejo General de la Abogacía Española ha comenzado ya a trabajar en las alegaciones que presentará al Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto.
El Ministerio de Economía y Competitividad ha abierto un período de información pública sobre el Anteproyecto que concluye el 16 de septiembre. Según se publica en la web del Ministerio, “a efectos de someter el Anteproyecto a audiencia pública hasta el 16 de septiembre de 2013, se pone a disposición de cualquier persona interesada el texto del Anteproyecto y una dirección de correo electrónico para que puedan cursarse las observaciones que se consideren convenientes”.
Después de este trámite de audiencia pública, se dará traslado del citado Anteproyecto a las instituciones y organismos que deben informarlo, entre los cuales se encuentra el Consejo General de la Abogacía, que emitirá en ese momento su informe oficial.
El Consejo General de la Abogacía Española anunció nada más conocerse los cambios su “más rotundo rechazo al intento de dividir esta profesión jurídica entre abogado y asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral, actividad que no precisará de la colegiación obligatoria para su ejercicio profesional”.
En opinión de los abogados esta ruptura redunda en perjuicio del ciudadano y de la calidad de los servicios que hasta ahora son prestados por abogados colegiados. Provocará además la falta de seguridad jurídica y la pérdida de la confianza de los ciudadanos en los asesores jurídicos, que carecerán de la garantía que ofrece la exigencia formativa de los abogados y su incorporación a un Colegios de Abogados, que controla la aplicación de las normas deontológicas y profesionales. La ruptura de la profesión provocará que los asesores, profesionales no colegiados, carezcan de las garantías de una institución que les respalde: el Colegio de Abogados.
El Consejo de la Abogacía Española censura la falta de interlocución real entre el Ministerio de Economía y Competitividad y las instituciones colegiales para la elaboración del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que introduce confusión en numerosos problemas, crea problemas que no existían, instaura el poder de intervención de la Administración central, invade competencias autonómicas y recorta grave e innecesariamente la autonomía e independencia de las organizaciones colegiales, con un régimen de tutela y control propio de épocas pasadas.
