España, Colombia y una empresa estadounidense mantienen una intensa disputa por la titularidad del tesoro hallado en el pecio hundido frente a las costas colombianas
El reciente avance en la exploración del galeón San José, hundido en 1708 frente a Cartagena, ha reavivado una disputa internacional que enfrenta a España, Colombia y empresas privadas por la propiedad de uno de los mayores tesoros sumergidos del mundo. José Montero, experto en derecho internacional y CEO de Montero de Cisneros Abogados, analiza la complejidad jurídica de este caso, que involucra tratados internacionales, reclamaciones históricas y la protección del patrimonio cultural subacuático.
España invoca la Convención de la UNESCO
España ha fundamentado su reclamación en la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001. Según este tratado, los bienes culturales hallados bajo el mar deben ser protegidos y conservados, y los derechos de propiedad pueden corresponder tanto al país de origen como al Estado ribereño. España sostiene que el San José, como navío de Estado y barco de guerra, está protegido por el principio de inmunidad soberana, lo que le otorga titularidad sobre el pecio y su cargamento, independientemente de dónde se encuentre.
La postura de Colombia: jurisdicción exclusiva
Colombia, que no es parte de la Convención de la UNESCO, defiende su jurisdicción exclusiva sobre los restos del San José, al encontrarse dentro de su Zona Económica Exclusiva. El Ministerio de Cultura colombiano declaró el galeón bien de interés cultural en 2020, blindándolo legalmente como patrimonio inembargable y prohibiendo su explotación comercial. Además, la zona fue declarada área arqueológica protegida, reforzando la postura estatal de que ni el barco ni su tesoro pueden ser divididos ni reclamados por terceros.
El papel de las empresas privadas
Empresas de salvamento, como la estadounidense Sea Search Armada, argumentan que sin capital privado ningún país acometerá una extracción valorada en cientos de millones de dólares. Esta compañía reclama la mitad del botín bajo argumentos de localización y derechos de inversor, amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, Colombia sostiene que la empresa nunca tuvo derechos de propiedad sobre el galeón ni una inversión protegida, y que su demanda ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya carece de fundamento.
Una disputa sin solución sencilla
José Montero subraya que la respuesta sobre la titularidad del San José no es sencilla, pues implica la interpretación de la ley internacional, intereses nacionales y reclamos privados. “El caso del galeón San José ilustra la complejidad del derecho internacional en materia de patrimonio subacuático, donde confluyen intereses nacionales y privados; sin embargo, España cuenta con sólidos argumentos jurídicos para reclamar la titularidad del pecio como navío de Estado protegido por la inmunidad soberana y la Convención de la UNESCO. La solución pasa por el reconocimiento de estos derechos por parte de Colombia y la creación de una comisión bilateral que, bajo la observación de la UNESCO, garantice la preservación, investigación y difusión conjunta de este patrimonio universal, excluyendo cualquier explotación comercial y priorizando su valor cultural y científico.”
