En España, el reciente sistema de cotización de ingresos reales, impulsado por la Administración con el objetivo de ajustar las cuotas a los ingresos declarados y hacer más equitativo el sistema de Seguridad Social, está generando un intenso debate sobre la sostenibilidad del modelo y su impacto en el crecimiento del tejido empresarial autónomo. De hecho, si bien un 60% de los autónomos no ha percibido cambios significativos en su negocio, un tercio de estos afirma haber experimentado un impacto negativo, tal y como se desprende de los datos de 2025 del II Informe de Pymes y Autónomos de España de Hiscox.
Este sistema, que se implementa de manera progresiva, establece que los autónomos con mayores ingresos contribuyan con cuotas más elevadas, mientras que quienes perciben menores ingresos paguen menos. Ante este escenario, para los autónomos afectados, la medida ha supuesto una doble adversidad. Por un lado, la reducción de los beneficios netos limita su capacidad de ahorro, inversión y planificación financiera; y por otro, el incremento de la carga fiscal añade presión económica en un entorno ya competitivo. En concreto, entre el tercio de autónomos perjudicado, el 66% señala que la principal causa es la subida de la cuota, destacando pagos más elevados, mayores gastos y un incremento de los impuestos.
